Quizá el paso de los meses y la costumbre agoten a los críticos. O bien la recuperación económica ayude a olvidar los efectos devastadores de las modificaciones fiscales en los bolsillos de familias y empresas.

Porque es un hecho que el gobierno federal no se moverá ya de esta posición tributaria, no tanto porque les encante su mal llamada reforma fiscal, sino porque simplemente no hay nada que hacer.

Meterse en lo fiscal en estos momentos no implicaría un aumento en la recaudación y sí podría generar un enorme ruido político que afectaría no sólo los temas electorales del partido en el poder, sino también el correcto desempeño de las buenas reformas de este gobierno.

No es políticamente correcto que un gobierno descalifique una de sus propias reformas. Ni vamos a ver un día al secretario de Hacienda decir: no es una reforma buena, pero es lo único que se puede hacer. Al contrario, la moneda de cambio de este paquetazo tributario sirvió para dar paso a la impresionante reforma energética.

Y como para mandar la señal de la comodidad fiscal en la que está el actual gobierno, ahí está el acuerdo unilateral de no tocar en el Congreso el marco tributario ni con el pétalo de una miscelánea el resto del sexenio.

No hay duda de que los pesos adicionales que se le han quitado al sector privado no han dado resultados equivalentes en el gasto público. Pero han permitido un incremento en los niveles de recaudación fiscal que ya no inquieten tanto a los analistas internacionales.

Pero ni siquiera esta cerrazón fiscal del gobierno federal le quita a la Iniciativa Privada el derecho al pataleo. Y eso es lo que ahora aprovecha el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al pedir cambios fiscales para el próximo año.

El CCE llevará al Congreso una propuesta para aligerar la carga fiscal. La primera petición en esta carta a Santa Claus es una reducción de la carga del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 30 a 28%, además de un retorno de las deducciones inmediatas de las inversiones en activos fijos.

En fin, una lista de solicitudes que la cúpula empresarial esperaría que los diputados hicieran suyas para proponer cambios tributarios.

No contarán con el respaldo del PRI en el Congreso. Porque cuando el gobierno de Peña Nieto dice que no habrá iniciativas para cambiar el paquetazo fiscal, eso incluye sin duda a todos y cada uno de los legisladores del partido del presidente.

De hecho, el presupuesto presentado a consideración de los legisladores deja ver esa comodidad del gobierno federal con el nivel de ingresos logrado. Los 4.7 billones de pesos del gasto para el próximo año mucho tienen que ver con ese encaje más profundo en el bolsillo de los privados.

Podrán simpatizar algunos legisladores de oposición, porque además les sirve como bandera electoral, pero son minoría en la Cámara de Diputados.

Entonces, un IVA generalizado es imposible por los efectos políticos y una baja en el ISR está descartada por las consecuencias en el gasto buscado.

El derecho de pataleo de cualquier afectado con la reforma fiscal debe ser respetado como parte de un régimen democrático, por más que evidentemente hay muy poco por hacer para quitar tanto peso de los impuestos que descansa en las espaldas de empresas y familias.