El costo de la tramitomanía

Intrincados entre la burocracia engorrosa y las normas ilógicas, en las redacciones de los principales diarios de la Ciudad de México debatían sobre el término más útil para esquivar el desdén de las mexicanísimas mordidas.

“¿Tramitología? Mejor tramitadera” llegaron a sugerir los correctores que defendían más el agringado manual de estilo que el real diccionario de la lengua española, que acepta el término tramitomanía para definir el empleo exagerado de los trámites, pero nada más. En las épocas foxistas, la interdicción de los sobornos, las coimas, las mordidas también fueron uno de los objetivos de las primeras leyes que pugnaban por la transparencia y la rendición de cuentas de los gobernantes.

Paradojas de la apertura: las solicitudes de acceso a la información muy pronto quedaron atrapadas por las redes de la tramitología. La inexistencia de los archivos y la reserva por cuestiones de seguridad eran argumentos que a menudo expresaban los oficiales encargados de atender las peticiones. Ya ni qué decir, si los ciudadanos —ya fueran derechohabientes, exempleados o periodistas— requerían copias simples de los voluminosos expedientes.

Todavía hasta mediados de este sexenio, en la SFP alentaron la denuncia del trámite más inútil. La conformación del Sistema Nacional Anticorrupción y los desacuerdos sobre el nombramiento del fiscal especializado distrajeron los esfuerzos gubernamentales para reducir los tiempos para obtener los servicios públicos transaccionales con presteza, ya sean la CURP, el registro de una propiedad o el pago de una multa de tránsito.

En un mundo ideal, estos y otros trámites serían intuitivos, rápidos y transparentes. Se harían en línea. Las instituciones públicas se coordinarían para que el ciudadano tuviera que esforzarse lo mínimo posible.

La realidad de México y de América Latina es diametralmente distinta. Los trámites son difíciles, lentos, vulnerables a la corrupción y terminan excluyendo a la gente con menos recursos, destaca un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) divulgado a finales de la semana pasada.

Actualmente, en América Latina y el Caribe 89 por ciento de los trámites se hace de forma presencial, lo que obliga a destinar miles de funcionarios para trabajar en ventanillas de atención al público, revisar aplicaciones y compilar archivos. El gasto derivado de la prestación presencial supone una carga fiscal considerable para las arcas del Estado. En México, revela la investigación, cada uno de los trámites que se presta en persona en las oficinas públicas cuesta el equivalente a 9 dólares. Si se asume que ese costo permanece constante para los aproximadamente 360 millones de trámites federales y estatales que se prestan por el canal presencial en todo el país, se obtiene como resultado una factura de casi 3 mil 300 millones de dólares al año, cifra equivalente a 23 por ciento del gasto federal en educación.

Otros términos menos utilizados en México son los de e-gobierno y gobierno abierto. Y aunque la estrategia digital de la administración peñista tomó una ruta distinta a la implementación de una reforma de simplificación y digitalización de trámites, el BID reconoce los esfuerzos realizados por las distintas administraciones durante los últimos tres lustros.

En México, los primeros pasos comenzaron en el 2003 con una reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el otorgamiento de facultades a la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información, dentro de la Secretaría de la Función Pública, para coordinar e instrumentar estrategias de gobierno electrónico.

En el 2005 se creó la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de Gobierno Electrónico y se pusieron en marcha buenas prácticas de gobierno electrónico para promover el acceso, la inclusión y para combatir la corrupción, a través de un portal de compras públicas.

Y la Estrategia Digital Nacional, presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en el 2013, ha consolidado esfuerzos previos de simplificación y digitalización; tiene como objetivo un México digital en el que la tecnología y la innovación contribuyan a alcanzar las metas de desarrollo del país.

El modelo mexicano —definió el BID— se caracteriza por acompañar la simplificación y la digitalización con iniciativas que buscan hacer más eficiente la regulación y el marco normativo, promulgando un enfoque holístico e integral hacia la simplificación. México también muestra resultados destacables en cuanto a la digitalización: 89 por ciento de los trámites se puede empezar en línea y 74 por ciento se puede hacer completamente en línea.

Asimismo, la simplificación y digitalización permitieron reducir el costo administrativo y de oportunidad de los trámites de 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto en el 2012 a 2.7 por ciento en el 2017. Pero la inercia burocrática, la baja coordinación interinstitucional, un gobierno lejos del ciudadano y la gran complejidad regulatoria son los retos que han ralentalizado los avances en la simplificación administrativa y la digitalización de los servicios públicos en los gobiernos estatales y municipales.

EFECTOS SECUNDARIOS

LENTITUDES. Uno de los mayores rezagos en la incorporación de herramientas tecnológicas ocurre en el proceso educativo. Según el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes sólo 60 por ciento de los estudiantes evaluados en el país usó una computadora como parte de su proceso educativo, mientras que en países como Turquía, Holanda, Australia y Noruega llegó a 90 por ciento. Apenas 70 mil planteles educativos públicos cuentan con conectividad a internet vía el programa México Conectado, apenas 32 por ciento de las escuelas. La implementación exitosa de tecnología en las aulas va de las soluciones de aulas digitales al aprendizaje móvil o m-learning, opinó José Guillermo Chávez, director de tecnología de la firma B-Drive IT.