En vísperas de que el Consejo de Administración de la Exportadora de Sal sesionara en presencia de la secretaria Tatiana Clouthier Carrillo, el SAT notificó a la directiva de dicha empresa paraestatal del embargo de sus cuentas bancarias.

Dos adeudos fiscales que datan del 2016, por 254.6 millones de pesos, generaron entonces sendos créditos. Agotado el plazo para su pago y sin que la empresa ofreciera las garantías correspondientes, la Administración General de Recaudación requirió el aseguramiento de los fondos de ESSA en BBVA (pesos) y Banco Monex (dólares) para cubrir hasta 494 millones de pesos.

Después de cinco años de incumplimientos en el pago del ISR y un diferendo administrativo sobre la procedencia de la “inmovilización” de los fondos para una empresa productiva del Estado mexicano, el SAT ejecutó esta acción que —coincidencia o no— descarriló el plan de saneamiento activado por la secretaria, Clouthier Carrillo.

Y es que además de las cuentas en BBVA y Monex, ESSA quedó sin posibilidad de acceder a su principal patrimonio —los depósitos a cielo abierto del mineral, en la localidad de Guerrero Negro—, que ha quedado como garantía para cubrir el adeudo con el SAT, más las multas y recargos correspondientes.

Los pagos de las semanas y las catorcenas para los obreros de la mina de sal y los empleados administrativos serán, en consecuencia, en efectivo hasta nuevo aviso ¿Y para los proveedores y contratistas?

ESSA enfrentará problemas de liquidez, en el corto plazo. Pero sigue sin resolver sus problemas crónicos. Los directivos de la empresa han recurrido ante distintas instancias para evitar el pago de impuestos, el reparto de utilidades y los derechos por la descarga de aguas residuales; deudas que tienen más de 10 años de antigüedad.

Las operaciones y las inversiones de la empresa están comprometidas, por los pasivos contingentes y también por un cúmulo de juicios mercantiles y civiles, por el incumplimiento de contratos; entre ellos, una demanda interpuesta en una Corte de California por la empresa por Packsys, que demanda 10 billones de dólares como indemnización.

ESSA tenía la capacidad de cubrir sus obligaciones y cargas operativas, según los despachos externos contratados por el comisario de la paraestatal para revisar sus estados financieros. Pero el embargo de sus cuentas y su producción representan un riesgo a su entorno económico y financiero.

La ASF practicó una auditoría al desempeño financiero de ESSA dentro de la Cuenta Pública 2018, cuyos resultados entregó a mediados del año pasado. Además de las obligaciones fiscales incumplidas, ese reporte identificó proyectos de inversión inconclusos —una planta lavadora de sal y la adquisición de equipo de transporte marítimo— y el impago de dividendos al Fideicomiso de Fomento Minero, su accionista mayoritario.

La inmovilización de las cuentas y la producción de ESSA ocurre tres meses después de la llegada de Gregorio Cavazos a la dirección general de la empresa. Antes de su arribo había quedado rescindido el contrato del director de administración y finanzas, Jesús Martínez Torres, por una “desobediencia jerárquica continua y permanente” que entre otras consecuencias propició el impago de las obligaciones fiscales. Los responsables del área jurídica también fueron despedidos.

Efectos secundarios
INCONFORMES. Las calles del primer cuadro de Cosalá, Sinaloa, han sido el escenario de las protestas de medio centenar de lugareños para exigir la apertura de la mina y la intervención del Ejecutivo federal, tras 15 meses de permanecer bloqueada por el sindicato minero. Comerciantes, familiares y transportistas acompañaron a los mineros quienes lanzaron consignas contra el líder sindical y las 14 personas que en enero del 2020 tomaron las instalaciones de la mina, dejando a más de 300 empleados de la filial de Americas Gold & Silver sin fuente de empleo. El contingente se movilizó por segunda ocasión en menos de un mes por las calles de Cosalá, luego de que ninguno de los sindicatos que han manifestado interés por representar a los trabajadores este apoyando el plan para la reapertura de la mina. El sindicato minero ha condicionado la solución del conflicto a que sean reinstalados los 14 trabajadores que tomaron ilegalmente las instalaciones y sobre quienes pesan varias denuncias penales en la Fiscalía del Estado de Sinaloa.