La agenda del agua está llena de temas por resolver.

¿Qué pasará con nuestra política nacional en materia de agua? Si el nombramiento del encargado de despacho en la Conagua ofrece una pista es la de continuidad. Roberto Ramírez de la Parra viene del Estado de México, donde trabajó en el equipo de David Korenfeld, como coordinador jurídico del organismo estatal de agua.

La definición respecto de la continuidad será muy importante, dado el ambicioso programa de obras que tiene la Conagua (y las necesidades del país). ¿Habrá cambios en una obra tan polémica como el acueducto Monterrey VI? Uno de los ganadores de ella fue el constructor “maldito”, Juan Armando Hinojosa. Es uno de los temas que encienden la contienda por la gubernatura neoleonesa. Son más de 17,000 millones de pesos de costo más el pago de servicios por varios lustros. En total, casi 40,000 millones de pesos. Es mucho dinero y está en el aire, ¿qué pasará si gana el PAN la elección estatal?

Más allá del relevo en la Conagua, la agenda del agua está llena de temas por resolver. Tenemos una iniciativa de ley federal que está en pausa. Las críticas de organizaciones civiles y el temor a protestas masivas obligó a la bancada priísta a quitar el dedo del renglón, por un rato. La propuesta volverá a escena, quizá con algunas modificaciones.

¿Estarán listos los legisladores para discutir y conseguir un nuevo marco legal en materia de agua? Son muchos los temas a plantear: el papel de las empresas; los derechos de la sociedad; la definición del uso correcto y las sanciones por el mal uso.

Es crucial que el regreso al ruedo de la ley general de aguas implique una versión mejorada sustancialmente. Lo que está en juego no son abstracciones, sino asuntos muy concretos. ¿Cómo aterrizar el derecho de los ciudadanos mexicanos al agua? ¿Cómo disipar los temores sobre el abuso posible de corporaciones privadas? ¿Se debe autorizar el uso del agua para producir petróleo y gas a través del fracking en zonas áridas?

La Conagua es el organismo encargado de ejecutar la política nacional del agua. Esto quiere decir construcción y mantenimiento de infraestructura, pero también otorgamiento de concesiones para el uso de agua con fines agrícolas o industriales; además de supervisión y sanciones por el caso de las descargas de agua.

No es seguro que siga Roberto Ramírez de la Parra. Tampoco es seguro que el gobierno federal entienda que habrá más vigilancia sobre las decisiones de la Conagua. Si lo comprende, ¿decidirá con mayor transparencia o aumentando el control de la información sensible? La Conagua manejará directamente 44,000 millones en el 2015. Además tomará decisiones que tienen un valor muy superior a esa cifra.

Todo está por definirse. Vale la pena destacar que el tema del agua es fundamental para México. Nuestro país es extremadamente vulnerable a los riesgos relacionados con el agua. Del territorio nacional, 52% es árido o semiárido. Tiene poco agua. En el otro extremo, hay 13 regiones con alto riesgo de inundarse. Algunas de ellas, muy pobladas, como el valle de México.

Las decisiones que tomemos respecto del agua definirán el futuro de México. Es la ley federal y otros temas, como la modernización de los sistemas municipales o estatales de agua, la puesta al día de las reglas en los distritos agrícolas y el desarrollo de una generación de expertos en agua.

Los expertos discuten si en el siglo XXI el agua tiene más valor estratégico que el petróleo. Es un debate bizarro, ¿es más importante el cerebro que el corazón?

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