Cuando la Organización Panamericana de la Salud advierte que en noviembre y diciembre es alta la probabilidad de que ataque una nueva ola de covid en México y mientras en Estados Unidos avanza la vacunación de 28 millones de niños entre cinco y once años, la Secretaría de Salud de la 4T comete la canallada de impugnar la orden judicial de inmunizar a los menores con edades entre 11 y 17 años.

A nombre del presidente López Obrador, del secretario Alcocer y el subsecretario López-Gatell, la dependencia patalea contra la suspensión definitiva del 7 de octubre que concedió el Juzgado Séptimo de Distrito del Segundo Circuito en el Estado de México a los padres de una quinceañera que solicitaron el amparo de la justicia federal.

El insensato proceder ya repercute afuera: El País, por ejemplo, consigna este argumento en el fallo: “Los esfuerzos de las autoridades del Estado para combatir eficazmente la pandemia (…) deben estar encaminados a garantizar el derecho humano a la salud de la colectividad, en el caso específico, a todos los adolescentes de entre 12 y 17 años”.

Con sobrada razón, Karina Suárez interpreta en su nota que “el gobierno de López Obrador busca esquivar a toda costa” la decisión, y recuerda que tanto el Presidente como el subsecretario “habían adelantado que impugnarían la orden del juzgado por considerar que fue una orden excesiva”.

El recurso de Salud fue turnado a un tribunal colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, “instancias que no tienen un plazo máximo para emitir una resolución”.

Ayuna de expertos en materia judicial (AMLO prefiere “90 por ciento de honradez y 10 por ciento de experiencia”), Salud pasa por alto su obligación de acatar la disposición judicial independientemente de que recurra a la revisión, así como tomar muy en cuenta que se le otorgó un plazo de 48 horas para incluir la orden en el Plan Nacional de Vacunación, a menos, claro, que pretenda quedar impune de su incumplimiento de una medida cautelar.

En la orden a favor de la menor (inoculada ya con la primera dosis), se asienta que “las autoridades sanitarias estuvieron en capacidad de vacunar a los niños de 12 a 17 años desde julio de este año y hasta marzo del 2022”.

Pese a la miserable pifia del impresentable López-Gatell, en el sentido de que las vacunas no debían “desviarse” hacia menores ni siquiera con afectación de padecimientos crónicos, hace dos meses comenzaron a ser vacunados mayores de 12 y menores de 18 años con enfermedades tales como diabetes, hipertensión y males congénitos, y el gobierno se comprometió a hacerlo con aproximadamente un millón de los más vulnerables jóvenes.

La ominosa razón que subyace en la desconsiderada pero sobre todo criminal resistencia a vacunar a todos los menores de 18 años, al tiempo que al menos el mundo occidental se vacunará contra covid a la población de cinco años o más, no parece ser otra que la mezquindad y tacañería de la “austeridad republicana” para no gastar en la compra de vacunas.