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En el momento mismo del terremoto del martes pasado, el comportamiento del peso frente al dólar se convirtió en un sismógrafo que oscilaba a la par que la tierra temblaba.

En minutos, el peso perdió varios centavos frente al billete verde. Fue hasta que los que se encargan de los asuntos financieros se asomaron por las ventanas de sus oficinas en los pisos más altos de los edificios de la capital y dimensionaron la tragedia que el peso mexicano recuperó algo de valor.

Hay que entender que la dimensión de la tragedia humana que vivimos los que padecimos este sismo no tiene que ver con la visión global de un impacto financiero no generalizado en la economía mexicana. No hay insensibilidad, simplemente perspectiva.

Ese matiz inicial en los mercados financieros de ponderar el tamaño de la tragedia no implica que desde ese mundo de riesgos y costos no se haga una evaluación nerviosa de los impactos económicos de las tragedias.

En este país tan centralista hoy no perdemos la vista de los daños del sismo en la Ciudad de México, pero ese mismo movimiento telúrico devastó Morelos y provocó daños en otras entidades.

Además, Oaxaca y Chiapas tienen un panorama desolador en muchas poblaciones como consecuencia del sismo del 7 de septiembre. Pero también están los huracanes y tormentas tropicales que han dejado damnificados y costos en otras partes del país.

Esta suma de desgracias parece inquietar a firmas calificadoras como Moody’s que estiman que las facturas por pagar en las reconstrucciones habrán de cargarse al gasto público, ése que hoy está en proceso de recuperación.

Es una obviedad pensar que se requieren recursos para poner de pie tantas edificaciones e infraestructura, la pregunta es cuál es la fuente de financiamiento.

Hay seguros que aplican, entre ellos el que la Secretaría de Educación Pública tiene contratado para la reconstrucción de miles de escuelas. Esto, me dijo el secretario Aurelio Nuño, implicará que la Secretaría de Educación Pública no pida un incremento presupuestal para el 2018.

Está una parte que se obtiene de ese alevoso bono catastrófico que contrató México y que debería modificarse para que sea más efectivo, pero como sea ahí hay más dinero.

Si la sociedad se une y logra que los partidos políticos pasen de su verborrea habitual a los hechos, debería el país contar con varios miles de millones de pesos adicionales que han prometido aportar. Pero hay que presionarlos hasta el cansancio.

Es justo en este momento cuando la Cámara de Diputados inicia las discusiones presupuestales y es el momento de alterar el paquete enviado.

No debe quedar en manos de los partidos políticos y sus prerrogativas de proponer cambios a través de sus legisladores, tiene que ser la Secretaría de Hacienda la que asuma la responsabilidad de recalcular, si hace falta, el paquete económico.

A la par, hay que mandar el mensaje a los mercados, a las calificadoras, sobre el futuro de las finanzas públicas en estos tiempos de la reconstrucción.