Los límites al poder público están puestos por las leyes y las instituciones de un país democrático
No parece haber ninguna lógica en provocar una disputa comercial con el principal socio comercial de México con argumentos dogmáticos, no científicos, por frenar las importaciones de maíz amarillo desde los Estados Unidos con los argumentos del Conacyt.
Tampoco hay congruencia en desobedecer el texto constitucional y el sentido mismo del acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC) con esa decisión autoritaria de marginar a las empresas privadas, nacionales y extranjeras, de las industrias eléctrica y petrolera.
Menos aún se encuentra una razón para desafiar al mundo democrático con esas alianzas de negocios y de cercanía con las dictaduras como la cubana.
Y mucho menos hay alguna justificación sensata para el abierto intento de desmantelar al Instituto Nacional Electoral (INE) y quedarse con el control de las elecciones y sus resultados.
Salvo que, claro, lo que se busque al final sea la confrontación, la victimización y un pretexto para mantener a la feligresía cohesionada en torno al gran líder por más tiempo del establecido legalmente.
Los límites al poder público están puestos por las leyes y las instituciones de un país democrático.
Cuando un régimen es capaz de pasar por encima de las estructuras legales, como lo hace este gobierno, por ejemplo, con el sector energético, con el T-MEC o con el INE, está claro que ya no encuentra límites que le incomoden.
Hoy la amenaza de llevar a México a una controversia en el marco del T-MEC por el tema agroindustrial ya va tomando forma en voz de diferentes representantes y senadores estadounidenses que exigen ya un procedimiento de represalia en contra de México en el marco del T-MEC.
Los frenos artificiales a las empresas privadas del sector energético fueron posibles por una chicanada en la Suprema Corte de Justicia que validó una ley secundaria claramente inconstitucional.
Las elecciones federales del próximo año están en peligro por una estrategia similar de impedir que la Corte, ya depurada, tenga tiempo de señalar la inconstitucionalidad el llamado plan B.
Al evaluar los riesgos del momento político actual para la economía y las finanzas hay que atender todas esas señales como hechos no aislados y depurar todo el ruido intencional que cada mañana se lanza al aire para generar discusiones estériles.
Un cierre de sexenio ideal para un estadista pasa por evitar posibles controversias en el marco del T-MEC ante claras violaciones en materia energética y agroindustrial.
De esta manera, el jefe de Estado desactivaría eventuales represalias comerciales que afectarían seriamente la relación con el principal mercado de exportación de México.
Debería estar entre las prioridades de un régimen democrático dar total certeza de que el sistema electoral que México ha construido por décadas se mantenga con los niveles de credibilidad y certeza de los que goza, para garantizar que quien gane las elecciones en el 2024 pueda gobernar.
Un demócrata debería condenar a los regímenes totalitarios que reprimen a sus ciudadanos y les restan libertad y oportunidades.
Un presidente con ganas de cerrar bien su mandato buscaría revertir el ambiente de inseguridad, ilegalidad y falta de Estado de derecho que ha prevalecido en los primeros cinco años de su mandato.
Alguien con afanes autoritarios haría exactamente lo contrario.
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