Voces de la UNAM

Un movimiento estudiantil, con enorme legitimidad, está en gestación en la UNAM. Las demandas para resolver los casos de violencia de género, el comercio de sustancias enervantes y las agresiones de los grupos porriles sustentan un amplio reclamo contra la Rectoría.

Apenas ha transcurrido un mes del inicio del semestre II-2018, pero 40 unidades académicas —entre planteles de bachillerato, escuelas de estudios superiores y facultades— han suspendido actividades. El paro podría extenderse hasta el próximo viernes 7, cuando está citada una Asamblea Interuniversitaria que además del cese de la violencia exigiría la destitución inmediata del jefe de Seguridad de CU, Teófilo Licona, el Cobra, del director general de los CCH, Benjamín Barajas, y del rector Enrique Graue.

“El paro no es una medida simbólica ni un break”, refieren alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, una de las primeras en protestar por las agresiones del pasado lunes 3 en la explanada de la Rectoría, “en estas 48 horas propiciaremos la organización de la comunidad estudiantil, la difusión de los hechos, la planeación de una estrategia, y el planteamiento de nuestras demandas”.

En los CCH se incubó este movimiento, desde finales del año pasado. Y tuvo uno de sus momentos más álgidos cuando la directora del CCH Azcapotzalco, Guadalupe Márquez Cárdenas, decidió remover los murales hechos por los estudiantes. El descontento por esta primera represión —refieren alumnos de ese colegio— creció con problemas administrativos, por la asignación de horarios de clase y el incremento disfrazado de las cuotas.

“La respuesta de la dirección fue no dar ninguna respuesta, no dialogar, no explicar nada a nadie, y por el contrario, mandar a grupos de golpeadores a amedrentar a los estudiantes”, relataron. La comunidad estudiantil se fue a paro, cerró las instalaciones y emplazó la renuncia de Márquez Cárdenas, quien finalmente fue destituida.

En la revista Consideraciones, del STUNAM, responsabilizaron a los grupos Tres de Marzo del CCH Vallejo, la Federación de Estudiantes de Naucalpan y el 32 del CCH Azcapotzalco, como los responsables de la incursión violenta del pasado lunes 3, en las inmediaciones de la Rectoría. “La manera en que el Cobra fue captado en medio de los disturbios sin realizar mayor esfuerzo por detener la violencia, aunado a las órdenes de no actuar por parte de las autoridades de la UNAM es un ingrediente que genera sospechas y Rectoría debe aclarar”, refirieron.

En el foco de la opinión pública por el incremento de la violencia, tras de la renuncia de la directora del CCH Azcapotzalco y con una treintena de facultades y escuelas en paro, la máxima autoridad de la Casa de Estudios optó por el ostracismo. Por la noche, el rector Enrique Graue hizo pública su consternación y su indignación por los hechos y anunció que 18 jóvenes que participaron en la agresión fueron expulsados.

Las organizaciones de vándalos conocidos como grupos porriles —al servicio de intereses externos a nuestra Universidad— han asolado nuestras instalaciones en el bachillerato, aceptó Graue tras de reunirse con directores de escuelas y facultades, según consignó un comunicado oficial. “Son grupos de provocadores que obedecen a intereses ajenos a la Universidad y que, evidentemente, pretenden desestabilizarla para crear un clima de inseguridad e incertidumbre”. ¿En ciernes, un plan para incendiar la UNAM?

Los choques violentos del lunes 3 correspondieron a una maniobra orquestada, acusó el jefe del Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva. Pero por segundo día consecutivo, en las inmediaciones de la Rectoría —en el corazón de la Ciudad Universitaria— aparecieron grupos de inconformes con la irrupción de los porros… y con la inacción de la Rectoría. Falta un mes para la conmemoración del cincuentenario de la matanza de Tlatelolco, la UNAM enfila hacia un periodo crítico. Por lo pronto, el viernes está convocada una sesión extraordinaria de la Asamblea Interuniversitaria, con la consigna de que los porros sean expulsados.

EFECTOS SECUNDARIOS

FOCOS ROJOS. La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, evidenció la opacidad de la subsecretaría de capital humano, con respecto a la información de la nómina de trabajadores, tanto de confianza como eventuales. Esa área fue adscrita a la Secretaría de Finanzas, por acuerdo de Miguel Ángel Mancera, luego de los constantes roces del oficial mayor, Jorge Silva Morales, con los representantes de los trabajadores sindicalizados. La transición entre la administración perredista y la entrante, de Morena, ha dejado ver las deficiencias en Finanzas. Y es que el manejo de los recursos materiales tampoco ha sido de gran mérito. Allá mencionan, por ejemplo, las triquiñuelas aplicadas en el área a cargo de María de la Luz Urrusquieta, para cumplir con el programa de Aseguramiento Consolidado, correspondiente a las partidas 3451 y 3969 (seguro de Bienes Patrimoniales y otros gastos por responsabilidades) en una licitación electrónica que por “fallas en la conexión” tuvo que ser cancelada.

TRIBUTARIOS. Al cierre de la administración peñista —consta en el Sexto Informe de Gobierno— la recaudación de impuestos durante su sexenio pasó de 8.3 a 13.1% del PIB. Sin embargo, México aún se encuentra en los últimos lugares de los países miembros de la OCDE, donde el promedio de recaudación alcanza una media de 35 por ciento. Por otro lado, el número de contribuyentes inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes pasó de 38 a 68 millones, es decir, un incremento de 78 por ciento. El reto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de Carlos Urzúa y el próximo equipo del SAT será continuar con la ampliación de la base de contribuyentes mediante la aplicación de impuestos que ya existen y el fortalecimiento de la recaudación estatal.