¿Vacunas y pruebas fake?

Hubo quienes ofrecían “vinculación” con AstraZeneca en el Reino Unido para adquirir la vacuna contra la Covid-19, en una transacción entre particulares sin intervención gubernamental. Otros aseguraban tener “contactos directos” para importar —vía Hong Kong— 10 millones de dosis de Coronavac y buscaron clientes, entre gobiernos municipales y organizaciones gremiales.

Ya habían corrido ríos de tinta sobre el entepreneur veracruzano Alejandro Cossío Hernández y el empresario jalisciense Jesús Ortega Martínez, quienes buscaron —sin éxito— adquirir la Sputnik V, ya fuera a través de recónditos intermediarios o directamente, con el Fondo Ruso de Inversión Directa.

Sin tanta alharaca, Yusuf Amdani consiguió el biológico y sin dar aviso a las autoridades sanitarias, vacunó a más de 2,000 empleados que laboran en las empresas de su consorcio —Grupo Karims— en Campeche.

El empresario de origen paquistaní no es un desconocido en aquella entidad de la Península de Yucatán. Todo lo contrario. Hace tres décadas a tierras centroamericanas, cuando estaban en ciernes los Acuerdos de Chapultepec ya había arrancado con su plan de inversiones para instalar maquiladoras de ropa que llevaran sus productos a Panamá.

De los textiles, a los bienes raíces y finalmente, a la terciarización de servicios en países —Guatemala, Honduras, Nicaragua y México— donde el costo de la mano de obra es incluso menor que en los puntos fronterizos con Estados Unidos.

La inestabilidad política de la región no fue un obstáculo para la expansión de Grupo Karim’s que ocurrió “confiando en Dios, primeramente y luego, en las circunstancias y en las capacidades propias”, reveló el empresario paquistaní en una entrevista concedida en 2015 a Forjadores, una revista de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés de Honduras, donde logró un cargo directivo, en su calidad de presidente de la Fundación Hondureña para la Responsabilidad Social Empresarial, Fundahrse.

Entonces, Amdari Bai tenía 19,000 empleados en aquella nación y gestionaba Altara, un mall que estaría en el corazón de una “ciudad inteligente”. Altia Business Park albergaría torres de oficinas, un campus universitario, un centro médico, instalaciones deportivas y un hotel para “satisfacer todas las necesidades comerciales, de vida, recreativas y sociales de las personas que trabajan allí, al mismo tiempo que sirve a la comunidad en su conjunto”.

Su fastuosa boda, un año antes, lo puso en el radar mediático. La revista Forbes y la BBC Mundo lo ubicaron en el Top 10 de los hombres más ricos de Centroamérica y el segundo de Honduras, país que después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un refugio seguro para familias árabes que prosperaron en la región.

En Campeche recuerdan sus primeros emprendimientos durante el foxismo. Carlos Salomón Azar García era el gobernador de la entidad. Su ascenso empresarial se consolidó en los siguientes sexenios pero se vio interrumpido durante el mandato de Fernando Ortega Bernez, cuando sus maquiladoras fueron trasladadas a la zona industral de La Cofradía, en San Pedro Sula.

Grupo Karims regresó hace una década, con la apertura del hotel Ocean View y Campeche Hills, un emprendimiento inmobiliario de alta gama. Su proyecto más fastuoso —la edificación de una mezquita frente al mar— tuvo que ser suspendido el año pasado, por la contingencia sanitaria.

Nadie en Campeche puso en duda la capacidad del CEO de Grupo Karims de adquirir la vacuna rusa. Tampoco nadie impidió que —previa escala en Tapachula— la introdujera en el país y la aplicara a un número indeterminado de empleados y amigos. La fuga de los directivos de su empresa es un incidente bochornoso pero más, la respuesta de los responsables del Programa Nacional de Vacunación, que una semana después de la incautación del biológico siguen sin esclarecer lo ocurrido ni sancionar a los responsables. La presunta falsificación del producto es tan grande como la incompetencia de Cofepris. Y el descrédito de los funcionarios gubernamentales aumenta, tras de este caso y las pruebas falsas aplicadas en el aeropuerto de Cancún a turistas argentinos.