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El gobierno federal, con todo y su confeso desprecio a lo neoliberal, tomó la decisión de gastar más de 20,000 millones de pesos para comprar un seguro, en caso de que bajaran los precios del petróleo.

Afortunadamente, la 4T dejó que los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda destinaran esos 1,000 millones de dólares para comprar coberturas petroleras que permitan garantizar alguna parte de los ingresos por la venta de hidrocarburos, en caso de una baja en los precios internacionales.

El gobierno federal actuó como una autoridad responsable y no como el iracundo opositor de izquierda que en su momento fue.

¿Por qué no podría hacer lo mismo también en materia energética, con el respeto y fomento a las inversiones privadas en esos sectores?

Petróleos Mexicanos no se ha salvado de la crisis financiera como lo pregona el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Ni las exitosas colocaciones de nueva deuda, ni las trasferencias de recursos públicos, ni las cuentas alegres de extracción y producción para este año parecen ser suficientes para cantar victoria.

Pemex mantiene hasta hoy intacta la amenaza de nuevas degradaciones a la calificación de su deuda, porque las firmas calificadoras no deciden porque les gusten o no las declaraciones políticas, lo hacen con base en un análisis financiero.

La empresa petrolera necesita, además de mucho más dinero para bajar sus deudas, dos elementos que también están ausentes en la economía mexicana: confianza e inversión.

No hay recursos públicos suficientes para cambiar la dinámica de estancamiento de esa empresa, tampoco del país, y a los capitales privados no se les ha dado la confianza suficiente para mantener las inversiones que hoy están permitidas y reguladas por la reforma energética.

Así como no les estorbó el dogmatismo que los ha caracterizado para permitir la inversión en coberturas petroleras, así deberían deshacerse de las ideas retrógradas sobre la participación de los capitales privados en la industria petrolera. Que no les estorben para desarrollar esta actividad y de paso para tratar de evitar la puntilla final a la calificación crediticia de Pemex.

Uno de los grandes focos rojos de las finanzas públicas nacionales durante este año es la condición de Pemex. No sólo por su precaria condición financiera, sino por las consecuencias en los mercados.

Una nueva degradación crediticia de la deuda de Petróleos Mexicanos aumentará los costos de financiamiento de esa empresa, pero también del país en su conjunto. La suerte de la deuda de Pemex, por su tamaño, involucra la propia suerte de la deuda soberana de México.

Una degradación de la deuda mexicana, que haga que se pierda el grado de inversión, implicará un escenario financiero complicado, que se sumaría a la realidad de que la economía está estancada.

¿Puede evitarse esa complicada condición con una política de apertura y respeto a los capitales privados en el sector energético?

¿Puede incluso evitarse una crisis financiera aplicando el mismo sentido común que usaron para comprar coberturas petroleras?

Es difícil saber si con eso se pueden salvar las calificaciones crediticias, pero sería un buen inicio.