Lo que sucedió ayer compromete la independencia del Poder Judicial y el derecho de las personas a una justicia libre de presiones políticas… y criminales
La semana pasada escribí aquí sobre la muerte de la “verdad alterna” del caso Iguala, perversamente sostenida por el obradorato, pero fulminada por la sentencia de un todavía independiente Tribunal Colegiado de Circuito de Ciudad de México.
Me ocupé también de las paradojas y la desoladora anatomía de la doble ejecución de los funcionarios del gobierno capitalino, uno más de los muchos pendientes de esclarecimiento y de que sus perpetradores sean llevados ante la “nueva justicia”.
Este domingo, junto con muchos millones de mexicanos, asistí al funeral del Estado de Derecho, de la división de Poderes y de la independencia judicial en México.
El fraude se delató desde las boletas en que se afirma que un tercio de las candidaturas fue propuesta del Poder Judicial, que no seleccionó absolutamente a nadie.
Para la elección presidencial de 2024 se instalaron 170 mil casillas; ayer hubo apenas 80 mil centros de votación.
La lógica indicaría que con menos casillas habría mayor afluencia de votantes, pero sucedió lo contrario: muchos de esos centros lucieron vacíos o con escasa asistencia.
¿Dónde están los 36 millones de mexicanos que según el oficialismo exigían una reforma judicial “del pueblo”?
Y aun con la baja participación, el Instituto Nacional Electoral se tomará 10 días para contar los votos.
¿Por qué tanto tiempo si las urnas estuvieron prácticamente vacías?
La evidencia está a la vista y circula en redes y medios: todo indica que ni 10 por ciento de participación se alcanzó.
¿Dirá el INE que se rebasó ese porcentaje?¿Con qué sustento, con qué credibilidad?
Ya es demasiado tarde para castigar a quienes financiaron y dieron a repartir los morenianos “acordeones”. Al final, los testaferros que los distribuyeron por convicción o por necesidad podrían ser sancionados, pero los machuchones autores intelectuales y verdaderos beneficiarios quedarán impunes.
¿Con qué “legitimidad democrática” llegarán al cargo los “ganadores” de esta demencial elección?
¿Merecerán ser llamados jueces, magistrados y ministros o tendremos que hallar otros términos para describirlos como lo que son: autoridades antidemocráticas e ilegítimas?
¿Alguien cree que juzgarán con ética?
Una de las pocas cosas que hay que reconocerle a esta reforma judicial es que quitó muchas máscaras y dejó a descubierto a oportunistas, incongruentes y a quienes sacrificaron principios y se alinearon al oficialismo con la ilusión de hacerse de una toga más política que justiciera.
La Constitución, la división de Poderes y el futuro del Poder Judicial les importaron poco o nada.
Como en todo, habrá excepciones, pero es falso lo dicho por la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, de que México elije su “tipo de justicia” en las urnas.
Desde luego que no, porque la justicia no se vota.
Lo que sucedió ayer compromete la independencia del Poder Judicial y el derecho de las personas a una justicia libre de presiones políticas… y criminales.
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