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La semana pasada estalló un fuerte acercamiento a la gran batalla electoral, preludio de la madre de todas las guerras sucias que se aproxima para enmarcar la gran elección del próximo 2 de junio, donde se disputarán 20, 375 cargos de elección popular. Obviamente, es la Primera Magistratura de la Nación la más importante de las posiciones en juego y, por ende, donde los obuses son del calibre más grueso y provocan el mayor estruendo mediático.

Todo comenzó cuando el diario La Jornada —periódico afín al gobierno de la 4T— publicó sendas crónicas firmadas por la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, en las que expuso las numerosas anomalías administrativas y la profusión de obstáculos que encontró y la persiguieron durante su gestión al frente de la agencia noticiosa del gobierno de México. En su primera colaboración insinuó que el abogado laboral, Arturo Alcalde, padre de la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y en su momento secretaria del Trabajo y Previsión Social, era quien de manera subrepticia manejaba la secretaría con la connivencia del subsecretario Alfredo Domínguez Marrufo.

Si la primera entrega causó ámpula, la segunda ocasionó un escándalo formidable: según la periodista Martínez Montemayor, la cantidad en la que oscilaba las liquidaciones para los trabajadores que laboraron más de 30 años en la agencia, era de aproximadamente 150 millones de pesos, dinero que al viejo estilo del régimen prianista, el director jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, José Luis Sánchez Cuazitl le ofreció con la condición de que 20% de dichos recursos se entregaran para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum. Aquí ardió Troya.

La precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, acudió al INE para presentar una acusación por escrito en contra de la precandidata de Morena porque la delación que se desprende de lo escrito por Sanjuana Martínez indica el uso de dinero público en la campaña de la exjefa de gobierno de la capital. También adelantó que presentará una denuncia penal por presunta corrupción.

En eso andaba el asunto cuando el presidente del PAN, Marko Cortés, denunció al gobernador de Coahuila Manolo Jiménez y a la dirigencia del PRI, de incumplir los acuerdos que firmaron cuando se le dio preferencia a la candidatura del priista para la gubernatura de la precitada entidad, sobre el reparto de posiciones y cuotas políticas sin importar las personalidades ni las trayectorias de quienes fueran asignadas a ellas. Lo importante para el prian es tener porciones de poder y ganancias económicas.

Como lo cortés no quita lo lelo, fue el propio Marko quien se encargó en dar a conocer físicamente a los medios el convenio, firmado por las partes, que establecía que a Acción Nacional le tocaban algunas oficinas de recaudación; así como direcciones de escuelas y universidades; secretarías y subsecretarías estatales y la candidatura a la alcaldía de Torreón. Con lo que le entregó a la 4T una valiosa arma para oponerla al escándalo suscitado por los escritos de la periodista Sanjuana Martínez.

Ignoro si el señor Marko Cortés no es honrado o es poco trabajador, lo que sí puedo afirmar es que reúne uno de los requisitos que según la regla de oro de la precandidata Xóchitl Gálvez no desea para que trabajen con ella: es pendejo.

Así, con la revelación de los dos escándalos uno por alianza quedó empatada la guerra de lodo —eufemismo utilizado para no traer malos olores a esta columna— de las precampañas en las que las acusaciones y ataques van y vienen y las propuestas para un gobierno mejor permanecen encuarteladas. ¿Quién ganará la guerra? No estoy en condiciones de predecirlo. Eso sí, me atrevo a señalar una perdedora: la incipiente democracia mexicana.

Punto final
Perder unas elecciones es normal en una democracia. Lo malo es perder la democracia en unas elecciones.