¿Tiempo de revancha?

Egresados de la Escuela Libre de Derecho, Felipe Calderón Hinojosa y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea tuvieron una relación cordial, pero distante en el ejercicio profesional. El primero, dedicado 100% a la actividad política, llegó a la presidencia nacional del PAN y luego, a la Primera Magistratura; el segundo, siempre enfocado al litigio, llegó a la presidencia de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, y de allí brincó en el 2009 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Calderón Hinojosa mantuvo una actitud injerencista con algunos ministros del Máximo Tribunal identificados como rebeldes por el Ejecutivo federal. Entre ellos destacaban Guillermo Ortiz Mayagoitia, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, quien a finales del sexenio calderonista entró en ruta de colisión, por su propuesta de resolución de la controversia constitucional sobre la validez del decreto presidencial que buscaba adelantar la transición de la televisión analógica a digital, originalmente prevista para el 2021.

La ministra proponía invalidar el decreto presidencial, no obstante que el entonces presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Monny de Swan, había declinado a sus facultades legales… a favor del Ejecutivo. Sánchez Cordero había convencido a Zaldívar Lelo de Larrea, quien votaría por su proyecto.

Informado sobre tal afrenta, Calderón Hinojosa llamó a su ex compañero de la Libre de Derecho –en esa escuela también había estudiado Javier Lozano– para emplazarlo a definiciones. “Llegué a la Corte con tu apoyo y lo agradezco”, respondió el ministro, “pero no soy empleado del Presidente”.

Zaldivar y Sánchez Cordero volvieron a enfrentarse con los calderonistas, en el caso Cassez, que llevó a la ciudadana francesa e Israel Vallarta a la cárcel, volteó los reflectores hacia los peculiares procedimientos de las fuerzas policiacas bajo el mando de Genaro García Luna y generó tensión en las relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Cassez había sido condenada a 60 años de cárcel por secuestro y pudo recobrar su libertad tras siete años de prisión por una determinación de la SCJN. El primer proyecto que pugnaba por su excarcelación lo elaboró Zaldívar fue desechado. Una nueva ponencia, elaborada por Sánchez Cordero, recibió tres votos en contra en la Primera Sala pero derivó en la libertad absoluta e inmediata de la ciudadana francesa.

Ahora, Zaldívar preside la SCJN, Sánchez Cordero es la jefa del gabinete de AMLO… y García Luna pronto estará en la silla de los acusados. A pesar de los viejos agravios, ambos han decidido plegarse a la línea presidencial. Ni cacería de brujas, pero tampoco complicidades o proteccionismos.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, ordenó integrar la carpeta de investigación que será presentada ante un juez, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera procedió a congelar sus cuentas. Pero si el ex funcionario calderonista accede a colaborar con las autoridades estadounidenses –lamentaban altos funcionarios de la 4T anoche– su extradición sería muy complicada.

Los juicios contra García Luna servirán para exponer sus vínculos. Con los barones de la droga. Con otros calderonistas (¿Alejandro Poire, Ernesto Cordero, Alejandra Sota?). Y con otros agentes relevantes… entre quienes destaca el ex jefe de la policía capitalina, Joel Ortega.

EFECTOS SECUNDARIOS

BÚMERAN. La descoordinación entre distintas áreas gubernamentales –principalmente en los sectores de seguridad ciudadana, salud y agrícola– alimentan las versiones de un inminente ajuste en el equipo presidencial. Pero cuando los rumores van acompañados de “propuestas”, queda al descubierto la maquinación que en lugar de perfilar, termina por exhibir a los probables sustitutos. Y peor, pues las huellas de este burdo fuego amigo salen de algunas oficinas de Palacio Nacional. “Se les queman las habas a los que andan en autopromoción”, refieren entre los secretarios “renunciables”, quienes recuerdan un dato a quienes propalan las versiones sobre los cambios: en si periodo como jefe de Gobierno, AMLO solo removió a dos de sus colaboradores. Ambos –Carlos Urzúa-Gustavo Ponce, en Finanzas, y Marcelo Ebrard, de la policía capitalina– por causas de fuerza mayor.

DETALLES. Casado con la investigadora argentina Graciela Besunsánn, una de las estudiosas más acuciosas de los movimientos obreros en América Latina, el embajador Ricardo Valero había encontrado un exilio dorado, con la Cuarta Transformación. De amplia trayectoria académica e internacionalista, cercanísimo a Porfirio Muñoz Ledo, partió apenas hace medio año a Buenos Aires, donde además de atender asuntos consulares se reencontraría con su familia política y se repondría de añejos malestares. La pregunta, en todo caso, es si la Cancillería y los senadores estuvieron enterados de su estado de salud, antes de autorizar su misión diplomática.