En condiciones ideales, cada una de estas iniciativas sería analizada con mucho cuidado. Implican transformaciones profundas y son mejorables. Ahora vivimos circunstancias extraordinarias
Se acerca una temporada de huracanes en el Legislativo. Mejor dicho, ya está aquí. ¿No han visto caer rayos en el Congreso? ¿No han visto cambiar el color del cielo allá por el rumbo de la Cámara de Diputados?
La máquina de producir reformas legislativas ya empezó a trabajar. Son 20 reformas, de las cuales 18 son constitucionales. En condiciones ideales, cada una de estas iniciativas sería analizada con mucho cuidado. Implican transformaciones profundas y son mejorables. Ahora vivimos circunstancias extraordinarias.
AMLO quiere ejercer su poder hasta el último mes de su mandato. Eso implica dejar un escenario donde sea muy complicado meter reversa o corregir. Cerraremos con un diluvio de cambios en nuestra Constitución. Quedará para el gobierno de Claudia Sheinbaum procesar todo lo que se decida en septiembre. ¿Cuántos años del próximo sexenio se dedicarán a la digestión de esta vorágine legislativa?
Imagino a algunos diputados trabajando al ritmo de Charles Chaplin en Tiempos modernos. Moviendo las manos rápidamente y poniendo mucha atención para no machucarse los dedos. Hay que cuidar muchísimo los dedos. Son necesarios para votar. Las iniciativas pueden leerse o no. Pueden comprenderse o no. Pueden argumentarse bien o no, pero lo más importante es que los dedos estén sanos. Listos para activarse cuando llegue el momento de pulsar el botón del voto legislativo. Para antes y después del momento de votar, está lista la aplanadora política.
La reforma judicial se ha llevado los reflectores, con razón. No podemos minimizar el impacto que traerán los cambios radicales en uno de los Poderes de la Unión y en su relación con los otros dos. El Judicial puede ser un contrapeso o un sinodal. Es fundamental para “fijar” las 18 reformas constitucionales. Con una Suprema Corte de Justicia reformada, será inútil acudir a ella para alegar la inconstitucionalidad de alguno de los cambios constitucionales que traerán las iniciativas.
Hablemos de las otras reformas. En estos días, los diputados de Morena y sus aliados, junto con el PRI, aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales las reformas a los artículos 4 y 27 sobre la ley del agua, alimentos y protección al medio ambiente.
Dicho así, suena abstracto, pero esto tiene que ver con concesiones de minería, maíz transgénico, agua y fracturamiento hidráulico, mejor conocido como fracking.
Se prohíbe la minería a cielo abierto. De acuerdo con la Cámara Minera, el 60% del valor de la producción minero-metalúrgica nacional proviene de minas a cielo abierto. En condiciones ideales, los legisladores dedicarían un tiempo a entender un tema tan complejo. Está en juego hasta 1% del PIB nacional, según la Cámara Minera de México. El tiempo también serviría, por ejemplo, para encontrar los equilibrios entre la necesaria/urgente protección del medio ambiente y la necesidad de impulsar una minería del siglo XXI, donde las empresas sean corresponsables en el cuidado del medio ambiente.
En la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, también, se aprobó el dictamen para que la CFE y Pemex recuperen el carácter de empresas públicas del Estado mexicano. Las empresas privadas que quieran competir con ellas deberán asumir que el nuevo marco legal permitirá que CFE y Pemex tengan prácticas monopólicas y no haya piso parejo. Electricidad y petróleo son grandes negocios. Cuánta inversión privada de calidad podrá llegar a estos sectores. Cuánto dinero tendrá el gobierno para invertir en una empresa, como Pemex que es tan grande que cuando falla, fracasa en grande. No pierdan de vista que perdió 250,000 mdp en el segundo trimestre del 2024.
En la discusión, los legisladores establecieron que defender la prevalencia de la CFE tiene que ver con dejar atrás la rectoría regulatoria del Estado en el sector eléctrico y pasar a una rectoría plena. La Comisión de Puntos Constitucionales votó 30 a favor y 7 en contra.
Como parte de los cambios aprobados, quedaría que “las empresas privadas en ningún caso tendrán prevalencia sobre la CFE”. ¿Ningún caso? Qué pasará si una empresa privada tiene claras ventajas tecnológicas que pueden hacer más barata, más accesible y más limpia la electricidad.
Las iniciativas serán discutidas en el Senado de la República en septiembre cuando inicie la próxima Legislatura. Lo más probable es que sean aprobadas sin cambios. Hay muchas dudas, me quedo con un ramillete: ¿qué papel jugará la Suprema Corte antes de su jibarización?, ¿cómo reaccionará Estados Unidos por cambios que van en contra del T-MEC? Por ejemplo, en la preponderancia de las empresas paraestatales. ¿Qué hará Canadá, el otro socio en el T-MEC y principal inversionista extranjero en minería, con los cambios en las leyes del sector?
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