¿Precios controlados?

El reclamo del sindicato patronal por la propuesta gubernamental de reducir las comisiones que cobran las Administradoras de Fondos para el Retiro coincide con un litigio entre el SAT y la minera canadiense First Majestic que además de una probable elusión fiscal, distinguirá entre los precios de transferencia y los controles de precios.

Y es que el pasado miércoles 23, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró fundado un juicio de lesividad presentado en agosto del 2015 por el SAT. Una autodemanda instaurada por el entonces titular de esa dependencia, Aristóteles Núñez, para cancelar el criterio que favoreció a la empresa Primero Minera emitido en octubre del 2012 por la Administración Central de Fiscalización de Precios de Transferencia del SAT.

Esa autorización permitió a la minera canadiense vender plata a 4.04 dólares por onza a una compañía propia con sede en Barbados, cuando el precio spot promedio fue de 35.22 dólares.

Las operaciones de venta de plata refinada se realizaron conforme a precios de mercado y se determinó su aplicabilidad para los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Primero Minera pagó impuestos en México sobre ingresos de 17 millones de dólares, en vez de pagarlos sobre 149 millones de dólares, además de obtener en el 2012 una devolución de 22.2 millones de dólares.

Hace cinco años comenzó la disputa de First Majestic con el SAT, que el 12 de agosto del 2005 acudió al Tribunal Federal para reclamar la validez del Acuerdo Anticipado de Precios (APA) otorgado a Primero Minera, a finales del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, la administración central de fiscalización de precios de transferencia a grandes contribuyentes del SAT validó la metodología que permitió a la minera eludir el pago de impuestos. Y es que Primero Minera realizó la venta del metal a Silver Trading Barbados Ltd, otra empresa del consorcio canadiense, que además explota un beneficio de oro. De acuerdo al SAT, la rentabilidad de las operaciones de la minera generó mayores ingresos a sus accionistas pero no más tributos para el Estado mexicano.

El corporativo de la empresa está basado en Vancouver y cuenta con oficinas en Durango y la Ciudad de México. Bajo su operación funcionan seis minas: Del Toro, en Zacatecas; La Parrilla, en Durango; La Encantada, en Coahuila; San Martín, en Jalisco; San Dimas, en Sinaloa; y Santa Elena, en Sonora.

El 13 de mayo y el 12 de junio pasados, los representantes legales de la minera canadiense acudieron ante las secretarías de Economía y Hacienda para dar aviso de que solicitaría arbitraje internacional, al amparo del capítulo 11 del TLCAN y el artículo 2013 del nuevo T-MEC.

Hace dos semanas expiró el plazo para que –de acuerdo a ambos emplazamientos–, el gobierno de México iniciara negociaciones “amistosas y de buena fe” para resolver la disputa. Incluso antes, el SAT había interpuesto el juicio de lesividad que resolverá la sala superior del TFJA.

Y el magistrado ponente, Guillermo Valls Esponda, determinó que en el 2012, la autoridad fue omisa al integrar el expediente, por lo que ordenó al SAT volver a revisar la solicitud de Primero Minera para aclarar si el precio de 4.04 dólares era equivalente al valor que se hubiera pagado en operaciones comerciales entre partes no relacionadas, ya que el documento de octubre del 2012 no respondió esta pregunta, que era lo realmente planteado por la minera.

El pasado viernes, la minera canadiense esperaba la notificación oficial del fallo de los magistrados del Tribunal Federal que anulaba el APA y refería que sus abogados consideraban que no se apegó a los procedimientos habituales. “Se tomó aprisa, es inconsistente con precedentes legales previos y viola la Constitución”.

Efectos secundarios

ORDENAMIENTOS. La empresa Blue Propane presentará denuncia penal en contra del secretario de Economía Sustentable y Turismo de Baja California, Mario Escobedo Carignan, por los delitos de uso indebido de atribuciones, abuso de autoridad, obstrucción de actos de comercio y colusión de funcionarios públicos. En tanto, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa ordenó al ayuntamiento de Tijuana restituir los derechos y levantar el estado de clausura sobre los bienes de Blue Propane, mientras que la jueza de Control ordenó la restitución de los bienes que tenía asegurados la FGE. Los abogados de la gasera insisten que la omisión de las autoridades estatales y municipales ha generado un quebranto millonario a la empresa.

RESPUESTA. Para incentivar la reactivación de las pymes afectadas por la contingencia sanitaria y la recesión económica, el Centro de Competitividad de México sumó fuerza con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y en coordinación con los gobiernos estatales de Michoacán, Querétaro, CDMX, Yucatán, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México y Aguascalientes han sumado a un centenar de empresas en la capacitación de jóvenes que buscan oportunidades en esas entidades. Este apoyo se suma a otras de las iniciativas que ha puesto en marcha el CCMX para apoyar a los pequeños negocios durante esta difícil etapa, como la plataforma México Puede, a través de la cual más de 160,000 personas y negocios han podido acceder de forma gratuita a capacitaciones y herramientas en los rubros de ventas, empleabilidad, productividad, bienestar y financiamiento.

@aguirre_Alberto