¿Por qué Oceanografía se volvió una historia sin fin?

Los tiempos se han alargado. El interventor tiene 450,000 razones para mantener en la indefinición a una empresa que llegó a ser estratégica.

Banamex ya le dio la vuelta a la página en el caso de Oceanografía, pero hay cientos de acreedores que no son tan afortunados. ¿Cuántos son? Las cuentas del SAE se refieren a 204, que pudieron acreditar con documentos sus cuentas por cobrar. El número real es mucho más alto. Son alrededor de 800, me explica Pastor Cruz Carranza, un periodista experimentado de Ciudad del Carmen. “Oceanografía era la empresa que daba vida a toda la ciudad. Le quedó debiendo a decenas de empresas, desde los que hacían mudanzas hasta tiendas de abarrotes o tortillerías. Muchas deudas fueron de palabra”, refirió.

Lo único claro es que los bienes de Oceanografía no alcanzan para pagar todas las deudas que dejó. Son 17,000 millones de pesos, incluyendo impuestos, según el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Los activos cada vez valen menos. Se acabaron los contratos con Pemex y los barcos se evaporaron. Llegaron a ser 70, de los cuales unos eran arrendados y otros formaban parte de sociedades con terceros. Los barcos propios eran ocho. No se sabe dónde están. Hay dos que están varados frente al puerto de Ciudad del Carmen, deteriorándose a la vista del que se asome.

¿Qué hace el SAE con Oceanografía? El organismo no tiene poder suficiente para ordenar la empresa, ni tampoco para requisarla o venderla. Estas facultades corresponden a un juez. Por estas limitaciones, la intervención del SAE debería ser rápida. No ha sido así. Lleva casi un año con dos meses a cargo de la empresa. No se sabe cuándo concluirá. Quizá hay un problema de incentivos mal asignados. El administrador de Oceanografía tiene un sueldo más alto que el del presidente de la República. Luis Maza Urueta gana 450,000 pesos mensuales.

Uno de los perjudicados por esta indefinición es Juan Carlos Velázquez Rivas, un empresario que es uno de los vigilantes más severos del proceso de intervención y del funcionamiento de la comisión legislativa integrada para el caso Oceanografía. Él es propietario de dos terrenos que Oceanografía le quitó desde los tiempos de Amado Yáñez, con el apoyo de la API de Ciudad del Carmen. Estos terrenos, de aproximadamente 24,000 metros cuadrados tienen un valor comercial superior a 100 millones de dólares, por estar situados en un lugar estratégico del puerto petrolero. Velázquez está atrapado en una situación kafkiana: No puede recuperar los terrenos, porque se encuentran en medio de un litigio judicial.

Parece que la intervención y la comisión legislativa están trabajando para demorar las cosas, argumenta Velázquez. Este empresario no puede entender por qué se habla de que Oceanografía está casi resuelto. “¿Cuál solución? Once mil personas perdieron su empleo; cientos de proveedores se quedaron sin cobrar a su principal cliente; Ciudad del Carmen está viviendo una depresión económica y casi todos los responsables están libres. No han detenido a Martín Díaz, por ejemplo”.

El SAE tiene 180 días para elaborar un diagnóstico de la empresa intervenida, de acuerdo con la ley. El sentido de una intervención es facilitar la toma de una decisión administrativa o contribuir a una resolución judicial sobre el destino de los activos intervenidos. Los tiempos se han alargado. El interventor tiene 450,000 razones para mantener en la indefinición a una empresa que llegó a ser estratégica.