Pandemia por coronavirus (Cobertura especial)

¿Plan B para la consulta?

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Alberto AguirreSignos vitales

Ambas fueron recibidas en el despacho presidencial, pero la senadora tabasqueña tuvo media hora más de tiempo que su colegisladora

Tras de una gestión exitosa como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Mónica Fernández Balboa solicitó audiencia para despedirse del Ejecutivo federal. Exactamente lo mismo hizo la presidenta saliente de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas. Ambas fueron recibidas en el despacho presidencial, pero la senadora tabasqueña tuvo media hora más de tiempo que su colegisladora.

En el recinto de la Cámara Alta ya daban por descontado que ocurriría un enroque: Fernández Balboa entregaría el cargo al senador chiapaneco Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, quien dejaría la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales. Luego de su audiencia en Palacio Nacional, la senadora tabasqueña supo que asumiría la presidencia de la Comisión de Gobernación… donde se dictaminará la petición para una consulta popular que presentaría Andrés Manuel López Obrador sobre el juicio a los expresidentes.

Todos los escenarios han quedado cubiertos. Si la iniciativa ciudadana promovida por Morena no alcanza las firmas requeridas por la Ley Federal de Consulta Popular, será el Ejecutivo federal quien proceda a realizar la petición antes de que expire el plazo, esta medianoche.

El presidente de la República –quedó especificado en ese ordenamiento legal– sólo podrá presentar una petición para cada jornada de consulta popular, en cualquiera de las cámaras del Congreso.

Aunque la ley contempla que el presidente de la República y los legisladores federales podrán retirar su solicitud de consulta popular hasta antes de que se publique la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, en este caso no podría darse esa eventualidad, pues prácticamente está agotado el plazo para presentar la petición, que se abrió el pasado 1 septiembre y expira esta medianoche.

La Quinta Sección de la ley –en el artículo 26–  detalla el procedimiento para convocar a la consulta popular, cuando es peticionario el presidente de la República. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen tomará nota y enviará la petición directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con la propuesta de pregunta formulada, para que resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad, dentro de un plazo de 20 días naturales.

En la verificación de constitucionalidad, la Suprema Corte deberá revisar que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo. En caso de que la pregunta no sea congruente con la materia de la consulta y no cumpla con esos criterios, deberá realizar las modificaciones conducentes.

Verificada la constitucionalidad de la consulta, la pregunta no podrá ser objeto de modificaciones posteriores por el Congreso. Y el presidente de la Mesa Directiva de la cámara de origen entonces dará inicio al trámite de dictaminación, que resolverá la Comisión de Gobernación, antes de presentarlo ante el Pleno, mismo que deberá ser aprobado por la mayoría en ambas cámaras del Congreso; en caso contrario, se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido. Igual ocurriría, si la SCJN declarara la inconstitucionalidad de la materia de la consulta.

En el Senado, sería Fernández Balboa. En la Cámara de Diputados, la también morenista Rocío Barrera Badillo, quien preside la Comisión de Gobernación y Población.

Aprobada la petición por el Congreso, éste expedirá la convocatoria de la consulta popular mediante decreto, la notificará al Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La consulta popular sobre el juicio a los expresidentes sería el primer domingo de agosto del 2021 y su organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados será potestad del INE.

Efectos secundarios

POLÉMICAS. Maquillada con delicadeza, con una camisa blanca impecable en la que luce el logo del ayuntamiento y su nombre, la alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez, aparece en un cameo en Se busca papá, una producción mexicana estrenada este fin de semana en Netflix con mucho éxito. Entre las protagonistas, Natalia Coronado, Patricia Reyes Espíndola y Silvia Navarro, la edil panista tuvo otros méritos para aparecer a cuadro: el ayuntamiento figura entre los promotores del filme que gira sobre el ciclismo BTX. La fama, empero, puede tener un sabor agridulce: en la capital hidrocálida creen que esa fugaz aparición representa una violación a los artículos 41 y 134 de la Carta Magna, además revistió un carácter partidista e hizo alusión a nombres, imágenes, voces y símbolos que implicaron promoción personalizada del Ejecutivo municipal. ¿Será?

OLVIDOS. En la disputa por la alcaldía de Guadalajara corren las encuestas a modo. A propósito del arranque formal del proceso electoral, profusamente circuló una encuesta en la que la intención de voto favorecería al actual mandatario, Ismael del Toro, con 27.9%, pero esa medición olvidó incluir al exdelegado de los programas federales, Carlos Lomelí Bolaños, quien de inmediato divulgó sus propios sondeos, donde registra ventajas de dos dígitos sobre el resto de los aspirantes. Hay dos careos que midieron a Del Toro y Lomelí. Uno, de la firma, Demotáctica registró 22.6% de las preferencias para el primero y 31.6% para el segundo; mientras que Strategia otorgó 17% al alcalde en funciones, por 27% del exlegislador morenista.

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