Lograrán, violando las leyes, que la marca electoral del “Bienestar” se posicione entre sus potenciales electores. Siempre al costo que sea
En ese juego electoral de la 4T de convertirse en el Robín Hood, que les quita a los ricos delincuentes para repartirlo al pueblo bueno, el gobierno federal renuncia a su principal obligación que es cumplir con las leyes.
Si de algo se encargará la propaganda oficial es de retratar las expresiones de los niños que reciben juguetes en la sierra de Guerrero o de todos esos mexicanos en condición de extrema pobreza que tendrán en sus manos ropa y zapatos nuevos, falsificados de marcas famosas.
Lograrán, violando las leyes, que la marca electoral del “Bienestar” se posicione entre sus potenciales electores. Siempre al costo que sea.
Buscarán desde la mañanera, y lo conseguirán con facilidad, que sus seguidores condenen como insensibles conservadores a todos aquellos que se atrevan a cuestionar si es prudente repartir a los niños juguetes que fueron decomisados por no cumplir con las normas de seguridad, si hay que repartir electrodomésticos que no cumplen con la Norma Oficial Mexicana, si el ejército ahora también debe atender los tianguis y si no tiene tareas pendientes la secretaria de Seguridad como para andar organizando estas vendimias.
Además, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podría violar una serie de tratados internacionales que específicamente marcan que las mercancías falsificadas, de contrabando o ilegales no pueden comercializarse o repartirse entre la población.
El primer acuerdo que puede violar la 4T es el de libre comercio de América del Norte, el TMEC. Pero también puede pasar por arriba del acuerdo comercial que México tiene con Europa, porque el Convenio de Paris es muy específico en materia de piratería y mercancía ilegal. México puede enfrentarse a sanciones internacionales que pongan en peligro esos acuerdos de libre comercio.
Al final de cuentas, lo que hace el gobierno Federal es legalizar lo ilegal. Es darle salida a productos que habían violado numerosas disposiciones sanitarias, fiscales, de propiedad industrial, de seguridad y por ello habían sido confiscados.
Sucede lo mismo con la política próxima a aplicarse de legalizar los “autos chocolate”. Hay una motivación político-electoral, hay una justificación social, pero al final se trata de validar la circulación de automotores sin controlar su historial, su condición mecánica, sus emisiones contaminantes y con una clara ventaja fiscal sobre los autos comercializados legalmente en México.
A pesar de que todavía no llegan esos decretos presidenciales que habrán de regularizar la estancia de los autos ilegales ya hay consecuencias prácticas en el mercado. El número de unidades internadas de manera irregular al país aumentó desde el momento en que el presidente López Obrador abrió esa posibilidad.
Fomentar el mercado de los autos ilegales tiene una larga lista de consecuencias negativas, empezando por el fomento del crimen organizado, que se mantiene muy activo contrabandeando autos que ya saben que se van a regularizar, hasta la pérdida de miles de empleos en toda la cadena de producción-comercialización de autos nuevos y usados de circulación legal en México.
No puede ser la ilegalidad la base de aceptación de este gobierno. Escalar las medidas que retan las leyes no puede ser la esencia de la oferta política de la llamada Cuarta Transformación.
Minuto a minuto
