No se trata de una crisis de liquidez, sino de un problema estructural que puede quebrar a la petrolera. Las cuentas de Petróleos Mexicanos son un campo minado. El rescate anunciado por Hacienda desactiva la bomba de los proveedores, pero no resuelve la relacionada con pensiones. El problema es que los pasivos de proveeduría valen … Continued
No se trata de una crisis de liquidez, sino de un problema estructural que puede quebrar a la petrolera.
Las cuentas de Petróleos Mexicanos son un campo minado. El rescate anunciado por Hacienda desactiva la bomba de los proveedores, pero no resuelve la relacionada con pensiones. El problema es que los pasivos de proveeduría valen 120,000 millones de pesos, mientras que los de pensiones están por encima de los 1.2 billones de pesos.
Las pensiones son una carga pesada para Pemex y para el gobierno mexicano. Son la consecuencia de un pacto laboral que desangra a la empresa y las finanzas públicas mexicanas. Un trabajador petrolero que hubiera trabajado 30 años se jubila con 100% de su salario, sin haber hecho aportaciones personales a su cuenta de retiro. Los que laboraron entre 15 y 20 años tienen derecho hasta 80 por ciento. Esto ocurre en un país donde la mitad de la población ocupada no tiene derecho a jubilación porque está en la informalidad. Los formales reciben menos de 30% de su salario.
A fines del año pasado se anunció un acuerdo entre Pemex y su sindicato, que resolvía de fondo el asunto de las pensiones. El optimismo (o el engaño) no duró ni siquiera un semestre. La triste realidad es que los compromisos de la empresa con sus trabajadores son impagables. Los números de la Auditoría Superior de la Federación son contundentes. En el 2015 representaron una erogación de 54,000 millones de pesos. Para el 2055, demandarían 292,000 millones de pesos, de acuerdo con cálculos actuariales.
El acuerdo del 2015 no implicó una solución de fondo porque dejó intactos los derechos para los trabajadores que ingresaron antes del 2016, incluyendo las pensiones de los jubilados y las correspondientes a los deudos de trabajadores fallecidos. Estamos hablando de 125,000 trabajadores activos, 97,000 jubilados y 8,000 deudos. La negociación permitió bajar el saldo del pasivo laboral desde 1.5 billones de pesos que había a fines del 2014 hasta 1.27 billones.
Los 220,000 millones es una cantidad enorme, en casi cualquier contexto. Aquí es irrelevante. El ritmo de crecimiento del pasivo laboral permite pronosticar que ese “ahorro” se habrá borrado antes de que termine esta década.
“Seamos realistas, pidamos lo imposible”, decían los manifestantes del 68. El sindicato de Pemex logró lo imposible durante años. Va llegando el momento de honrar estos compromisos y no hay forma de hacerlo. Durante esa negociación, ni siquiera se planteó la posibilidad de tocar los derechos adquiridos por los trabajadores. El sindicato no lo hubiera permitido, aunque eso significara matar a la gallina de los huevos de oro. Los “sacrificados” son un conjunto virtual: los que entren a partir del 2016. Ellos participarán de los “beneficios” de tener una cuenta en afores. Eso significa recibir alrededor de 27% del salario al final de la vida laboral, a menos que hagan aportaciones voluntarias.
Seamos realistas, pidamos lo imposible. La frase quiere decir otra cosa en este contexto. Pemex debe replantear su esquema de pensiones de nuevo. En promedio son de 20,000 pesos por trabajador, pero incluyen a 87 jubilados que reciben más de 170,000 pesos mensuales. Lo negociado en el 2015 no es suficiente, porque la empresa no tiene con qué pagar las jubilaciones. Aquí no se trata de una crisis de liquidez, sino de un problema estructural que puede quebrar a Pemex. ¿Cuántas inyecciones multimillonarias del gobierno serán necesarias en los próximos años?
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