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Antes de la inaudita decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, los analistas financieros ya habían puesto atención al futuro de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el siguiente gobierno.

Eran todavía los días de la tersa transición, aquellos momentos cuando los dólares costaban 18.50 pesos, cuando la firma calificadora Fitch Ratings anunció que ponía en perspectiva negativa el perfil de la deuda de Pemex.

Ya después vino el episodio de la absurda y manipulada consulta para justificar la cancelación del NAIM y lo que se puso en perspectiva negativa fue la calificación de la deuda pública mexicana y se derrumbaron los mercados. Con ello quedó soterrado el tema de la salud financiera de Pemex.

Al final, lo más probable es que no tengamos ni aeropuerto en Texcoco ni dos pistas en Santa Lucía, es la historia de un fracaso cantado para el gobierno que está por iniciar. Pero eso no para ahí.

La condición de la empresa petrolera, a la luz de sus problemas acumulados y de los terribles planes que se tienen para ella, es algo que sí puede acabar por provocar una crisis mayúscula a todo el país.

Se decía de la economía mexicana que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari la había dejado prendida de alfileres y que el gobierno entrante de Ernesto Zedillo se los había quitado. Bien, pues Enrique Peña Nieto le deja a Andrés Manuel López Obrador la salud financiera de Pemex prendida de alfileres y el próximo gobierno la quiere rematar a palos.

Hace seis años, Pemex tenía una deuda de 673,000 millones de pesos, el gobierno saliente la deja en casi 2 millones de millones de pesos. Vamos, en este sexenio se triplicó la deuda de la petrolera. Este enorme endeudamiento se da en momentos de un derrumbe en la producción de petróleo crudo y una balanza comercial de productos derivados históricamente deficitaria. Además, con un mercado presionando las tasas de interés y con ese ambiente financiero adverso que hoy se ha autogenerado el gobierno entrante.

Pero particularmente el riesgo mayor para Pemex está en los planes que tiene el gobierno de López Obrador.

Pemex es una empresa que debería tener hoy como objetivo principal limpiar sus finanzas y a partir de ahí diseñar sus estrategias futuras.

Una medida que podría resultar positiva para la reestructuración de la empresa es su bursatilización, pero vaya paradoja sería pedirle a la izquierda que saque a Pemex a la Bolsa.

Por el contrario, los planes para la petrolera del gobierno entrante están llenos de designios dogmáticos: construir refinerías, dejar de exportar petróleo, fijar topes a los precios de los energéticos.

Basta que el mercado tenga la certeza de que es un contrasentido aplicar recursos públicos subestimados para construir refinerías, que tenga la certeza que dejar de exportar petróleo impide la obtención de divisas para pagar las deudas en dólares y que topar precios implica la aplicación de subsidios, como para que se degrade la nota crediticia de Pemex y entonces sí venga la debacle.

El problema más grave de Pemex no es hoy la baja producción petrolera sino su enorme deuda y todos sus esfuerzos deberían estar encaminados a remediar su grave situación financiera, pero los que llegan parecen no entenderlo y se preparan para causar un desastre mayor para las finanzas del país desde los huesos de la empresa petrolera.