
Daniel Zovatto, director y editor de Radar Latam 360, analiza las elecciones en Colombia
Por Daniel Zovatto, director y editor de Radar Latam 360
Colombia acudirá a las urnas para elegir a su próximo presidente —la elección legislativa se celebró en marzo— con un candidato oficialista como favorito, una oposición de derecha fragmentada, grupos armados que han ampliado su capacidad operativa, malestar ciudadano con la inseguridad y corrupción, una intensa campaña en las redes sociales potenciada por la IA, marcada por alta emocionalidad y desinformación, y una herencia fiscal que obligará al próximo gobierno a emprender un severo ajuste. A ello se suma la tensión institucional que marcó el cierre de la campaña: el Consejo de Estado ordenó a Petro abstenerse de difundir propaganda electoral.
La Registraduría dijo que todo está listo, llamó a la ciudadanía a votar y a los actores políticos a respetar los resultados. Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar, incluidos 1,4 millones residentes en el exterior. Lo harán en uno de los países mas desiguales de la región, con 31.8% de su población viviendo en la pobreza y en un contexto de máxima polarización.
Lo que está en juego es inusualmente alto. Los electores decidirán si prolongan el ciclo político inaugurado por Gustavo Petro en 2022 —quien, por mandato constitucional, no puede aspirar a la reelección— o si hay un giro hacia la derecha, en consonancia con la tendencia predominante hoy en América Latina.
El legado de Petro
Un balance equilibrado de sus cuatro años de gobiernoarroja resultados mixtos.
Petro amplió la agenda instalando en el centro del debate público temas como la desigualdad, el medioambiente, la reforma agraria y la transición energética. La economía superó las expectativas. El desempleo cerró 2025 en 8,9%, su nivel más bajo en lo que va del siglo. El salario mínimotuvo un fuerte incremento (17%). La pobreza multidimensional cayó por primera vez por debajo del 10%, tres puntos menos que en 2022. El turismo experimentó un auge histórico. Las remesas alcanzaron un récord de 13 mil millones de dólares. El PIB creció 2,6% en 2025, impulsada por el consumo de los hogares y el sector servicios.
Sin embargo, estos avances sociales conviven con desequilibrios fiscales de considerable magnitud. El gobierno ha venido gastando excesivamente, recauda pocos impuestos mientras el Banco Central mantiene las tasas de interés baja. Consecuencia de todo ello, la deuda pública alcanzó el 63,7% —su nivel más alto en un cuarto de siglo—, la inversión privada cayó a mínimos de dos décadas, y el país registra el segundo mayor déficit fiscal de América Latina, equivalente al 6,4% del PIB.
La pregunta central que hereda el próximo mandatario es si los avances sociales alcanzados podrán sostenerse sin una recuperación de la inversión productiva y sin una profunda corrección fiscal que analistas estiman entre 4 y 5% del PIB.
Tres candidatos principales
Los votantes deberán elegir entre visiones radicalmente diferentes, tanto para mejorar la economía como para enfrentar a los narcotraficantes del país que produce dos tercios de la cocaína del mundo. La contienda se concentra en torno a tres figuras. El senador Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico (izquierda), es el lider lider, con niveles de apoyo que oscilan entre el 38% y el 40%. En la derecha tradicional se ubica la senadora Paloma Valencia, cercana al uribismo, con una intención de voto de entre 18% y 22%. Más a la derecha aparece Abelardo de la Espriella, quien registra entre 25% y 32%. Mientras tanto, los candidatos de centro —Sergio Fajardo y Claudia López— se han desplomado en las encuestas.
Más que una disputa convencional entre izquierda y derecha, Colombia vive una intensa pugna dentro del propio campo conservador. La competencia por el segundo lugar y el pase al balotaje se ha convertido en uno de los ejes centrales de la campaña.
Cepeda es el heredero político de Petro, aunque no su réplica. Su inspiración política es José Mujica. Su trayectoria está marcada por más de tres décadas de activismo en derechos humanos y de confrontación jurídica con distintos centros de poder, particularmente con Álvaro Uribe. Para sus seguidores, encarna la continuidad de la transformación política iniciada en 2022. Además, la recuperación de la popularidad de Petro en los últimos meses —las encuestas la sitúan en torno al 50%— se ha convertido en un activo clave para su candidatura. En buena medida, esta elección funciona también como un plebiscito sobre la gestión del actual presidente: continuidad o cambio.
De la Espriella (el Tigre) representa un perfil totalmentedistinto. Abogado acaudalado de trayectoria controvertida —entre sus clientes estuvo Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro—, ha construido una imagen de outsider que combina la “motosierra” de Milei, la mano dura y el uso intensivo de las redes sociales al estilo de Bukele, junto con elementos de la política-espectáculo asociada a Trump.
La polarización ha avanzado hasta el punto de que el uribismo representado por la senadora Paloma Valencia —considerado hasta hace pocos años la expresión de la derecha más dura— aparece hoy como la opción moderada dentro del campo conservador.
El regreso de la violencia
La política de “paz total” de Petro fracasó. Los grupos armados ilegales se han fortalecido duplicando sus miembros, la tasa de homicidios fue la más alta desde 2021, la producción de cocaína está en niveles récord y la población civil ha quedado atrapada en la violencia:40.8% de los colombianos considera que el principal problema es el orden público.
La Defensoría del Pueblo ha advertido que estas organizaciones continúan vetando candidatos, limitando actividades de campaña y ejerciendo control sobre amplias zonas del territorio nacional. La Misión de Observación Electoral identificó 386 municipios en riesgo de violencia, equivalentes al 34,4% del territorio colombiano. Estos datos muestran que la violencia política ha dejado de ser un fenómeno marginal para volver a ocupar un lugar central en la dinámica electoral. No se trata únicamente de un problema de seguridad, sino de un desafío de naturaleza democrática. Una menor participación en determinadas regiones podría incidir en márgenes decisivos en una elección que, pese a la polarización, sigue siendo altamente competitiva e incierta.
Lo que viene: balotaje e incertidumbre
El escenario más probable es una segunda vuelta el 21 de junio. Desde la introducción del balotaje, Colombia ha elegido a casi todos sus presidentes en esa instancia. Las únicas excepciones fueron las victorias de Álvaro Uribe en 2002 y 2006.
Cepeda tendría asegurado su lugar en el balotaje. La incógnita es cuál candidato de la derecha lo acompañará. En las últimas semanas, varios sondeos muestran a De la Espriella consolidándose por delante de Valencia, un escenario impensable meses atrás. Sin embargo, las encuestas ya se equivocaron en 2022 con Rodolfo Hernández y podrían volver a hacerlo. La elevada volatilidad del electorado, la incidencia de la violencia territorial y el creciente peso de las redes sociales dificultan cualquier pronóstico concluyente. En una contienda tan competitiva, los indecisos y quienes definan su voto en los últimos días serán decisivos. El porcentaje de participación electoral —usualmente de nivel medio entre el 53 y 58%— también podría resultar clave.
Resumiendo: independientemente de quién llegue a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, el nuevo presidente —sin mayoría propia en el Congreso— deberá dar respuesta a cuatro temas prioritarios: el deterioro de la seguridad, un severo desequilibrio fiscal, la crisis del sistema de salud y una corrupción persistente. Ganar la elección será apenas el primer paso. El verdadero desafío consistirá en construir acuerdos, recuperar la capacidad del Estado y brindar resultados a una ciudadanía cada vez más impaciente y exigente. De ello dependerán no solo la gobernabilidad del próximo cuatrienio, sino también la fortaleza de la democracia colombiana.