En su primera alocución ante el mandatario que desconfía de ella y juzga incapaz de mejorar el Poder Judicial, Piña Hernández resumió la importancia del apego a la legalidad
En vísperas de conmemorarse ayer 106 años de promulgada la Carta Magna, el presidente López Obrador volvió a una falsa disyuntiva entre justicia y derecho al subrayar una “diferencia de fondo” con su correligionario Ricardo Monreal, afirmando que prefiere la primera sobre lo segundo.
De ahí lo oportuno del mensaje de la titular del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura federales, Norma Lucía Piña Hernández, llamando a evitar encuentros estériles mediante el simple acatamiento de la Constitución.
Por la subjetividad que los términos justicia y derecho entrañan, lo justo se basa en ordenamientos específicos modificables pero no a criterio de quien sea, porque cualquier delito para las víctimas merecería cadena perpetua o hasta la pena de muerte a los infractores (más un pago incalculable por la “reparación del daño”).
En respuesta al Presidente, el coordinador de Morena en el Senado tuiteó que la diferencia entre legal y justo es tan antigua como la Grecia Clásica. No debe existir diferencia entre uno y otro: si algo es legal, debe también ser justo, y viceversa/ Si el Estado de derecho es imperfecto y cuestionado, modificarlo es labor del Poder Legislativo. No hay justicia sin Estado de derecho/ que, con la democracia, serán realidad cuando lo legal sea también legítimo, y la base de la justicia sea el derecho. Su convergencia es la experiencia civilizatoria más relevante de la humanidad y la democracia.
Con la misma lógica dijo la ministra Piña:
“No es accidental que en el vestíbulo principal de la Suprema Corte de Justicia esté grabado el apotegma: Somos siervos de la ley suprema para poder ser libres”.
Ilustró: “Nuestro actuar debe estar apegado al derecho para rendir cuentas en el ejercicio de nuestra función. Los juzgadores estamos siempre sujetos al imperio de la ley (…). Esta importantísima labor, la realizamos como seres sociales, insertos en una cultura política, con diversos perfiles éticos, que se proyectan inevitablemente en nuestra labor. La diversidad entre quienes impartimos justicia no sólo es inevitable, es deseable”.
En el acto celebrado en el Teatro de la República, el gobernador anfitrión panista de Querétaro, Mauricio Kuri, aludió a las reformas legales del plan B para descuartizar al INE:
“No habrá nadie por encima de la Constitución, ni nada más fuerte que ella; la Constitución tampoco admite, ni entonces ni hoy, atajos, planes o procedimientos legislativos para violentarla”.
En su primera alocución ante el mandatario que desconfía de ella y juzga incapaz de mejorar el Poder Judicial, Piña Hernández resumió la importancia del apego a la legalidad:
“La Constitución es un inmenso y muy poderoso manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y, sobre todo, de unión entre las y los mexicanos y obliga a todas las autoridades (…). Les invito a que trabajemos por el bien de nuestro país (…). La Constitución es el pacto federal que nos permite superar nuestras diferencias y estar de acuerdo en lo fundamental…”.