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La fatalidad de que la forma es fondo se corroboró en el cierre del primero de los eufemísticos Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial (en realidad monólogos) del jueves con tres incidentes, dos deliberados, que evidenciaron la inutilidad sustantiva de esos encuentros (hoy el segundo en Jalisco).

Para entender mejor la vileza conviene ver la última media hora del video en las redes.

Cuando había sido escuchada una treintena de intervenciones, el secretario de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro dio la palabra a la titular del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández.

Por lógica y mínimo respeto a la institucionalidad, era de esperarse que quien ha sido blanco de los ataques del oficialismo, por ser cabeza de uno de los Tres Poderes, finalizara la sesión.

Así lo pensaba el maestro Bernardo Bátiz, consejero de la Judicatura Federal, quien explicó:

“Disculpen, me invitaron y estoy aquí presente. Aclaro que estoy en calidad de consejero, pero que en el Consejo acordamos que cada uno de nosotros daría su opinión porque tenemos criterios y puntos de vista distintos. Y disculpen, yo entendía que usted —dijo dirigiéndose a Piña— iba a hablar al final, y por eso interrumpí…”.

La ministra concedió y en eso se estaba cuando detrás de ella y de Marcela Guerra (presidenta de la Cámara de Diputados), irrumpió la morenista trans María Clemente García para gritar, manotear, señalar y acusar:

“¡Este Poder Judicial liberó al asesino de Paola Buenrostro y al agresor de Natalia Lane por culpa de jueces corruptos…!”.

Luego pudo hablar Bátiz y en seguida la ya dos veces frenada ministra, para quien la reforma debe hacerse “desde la perspectiva de las víctimas” con el involucramiento de los Tres Poderes (no solo el Judicial de la Federación y de los estados), porque “estamos en el umbral de una reforma al Estado mexicano desde sus cimientos”.

Advirtió que “el paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede dar entrada a problemas mayores (…). No debe pesar más la celeridad que la idoneidad. Las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas (…). Dialoguemos y construyamos sobre aquello que no admite división: los derechos y las libertades de las y los mexicanos…”.

Pareció entonces que concluían las intervenciones, pero el oficialismo tenía preparada una cachiporra en boca del ex ministro Arturo Zaldívar, quien descargó su histérica furia sobre la Suprema Corte por considerarla “ilegítima” y calumniar a Piña con la patraña de que hizo tratos “con la derecha”.

Y con ética elástica, contra lo que con toga de ministro (cuando trabajaba para el Ejecutivo) argumentaba: que la elección de juzgadores ponía en riesgo “la independencia judicial”, como fanático cuatrotero afirmó que casi 36 millones de mexicanas y mexicanos “quieren que elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular…”.