Desafortunadamente, el fracaso se mide en el número de seres humanos que han regresado a los niveles de pobreza que ya se habían superado
Los más recientes datos del comportamiento de la pobreza en el país del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que las estrategias asistencialistas del régimen tienen más fines electorales que de respaldo a la población más pobre del país.
Entre el 2018 y el 2020 casi 11 millones de personas se sumaron a ese nivel de pobreza donde no tuvieron lo mínimo indispensable para comer.
Mientras que en ese mismo lapso la entrega de apoyos de los llamados programas del Bienestar a las personas de mayores ingresos, en el último decil donde están los ricos, aumentó de 1.7% en el 2018 a 5.7% en el 2020.
Y en el otro extremo, siempre con cifras de Coneval, 20.9% de los más pobres recibían algún programa social durante el 2018 y para el 2020 solo fueron 13.3% de los más pobres los que recibieron algún tipo de ayuda.
En términos de combate a la pobreza, el gasto social tendría que enfocarse con más fuerza en esos sectores más desprotegidos, no solo con transferencias directas, como lo hace este régimen, sino con programas de asistencia sanitaria, educativa, de género, en fin, como solía ser en sexenios anteriores.
En términos político-electorales, el rendimiento al pie de urna de los sectores con menos recursos suele ser bajo, comparado con los deciles más cercanos a los niveles medios y de ambientes urbanos.
El Informe de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 debería ser un foco rojo en términos de desarrollo humano, porque muestra una política social regresiva y que ha perdido los objetivos de inversión social para privilegiar las transferencias clientelares.
Desafortunadamente, el fracaso se mide en el número de seres humanos que han regresado a los niveles de pobreza que ya se habían superado.
Entre el 2018 y 2020 el porcentaje de personas en situación de pobreza pasó de 41.9 a 43.9% de la población, lo que implicó el aumento de casi 4 millones de personas más que regresaron a esa condición.
La distorsión de la distribución del gasto social va de la mano de su calidad. La destrucción de instituciones de seguridad social para privilegiar la entrega de recursos directos, sin controles de padrones confiables y con pocas herramientas de fiscalización han provocado ese desvío en los objetivos de un país con los niveles de pobreza de México.
No es posible auditar la aplicación del gasto público a través de los programas asistencialistas del régimen, pero estos datos del Coneval sobre el aumento de la pobreza y la desviación hacia los deciles de más altos ingresos permiten ver el fracaso de la estrategia social.
Incluso, en términos políticos parece no haber dado los resultados esperados por el Presidente. Porque las críticas que ha hecho a las clases medias, receptores también de estos recursos, y hasta el llamado plan B de su reforma electoral, muestran que no han logrado la incondicionalidad en las urnas que habían imaginado.
Cuatro millones más de pobres en esos dos años y 11 millones más de personas con hambre deberían ser una razón más que suficiente para cambiar la estrategia social y retomar los proyectos que funcionaban, aunque fueran de otros gobiernos.
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