Los embrollos del Arroyo

Por efecto directísimo de la pandemia, algunos de los sitios de reunión más emblemáticos en la CDMX han tenido que cerrar sus puertas. Unos, permanentemente, como Sir Winston Churchill’s en Polanco. Otros, como Lampuga Condesa, pudieron con la AH1N1 hace 11 años, pero no sobrevivieron al coronavirus. O como Los Primos de Álvaro Obregón, han reducido su presencia ante las dificultades económicas y la discreta retirada de sus socios, vinculados a la antigua clase política.

Incluso los preferidos de la 4T —ente ellos destacadamente El Cardenal de la familia Briz— han afrontado tiempos difíciles, con la lealtad de sus trabajadores y el respaldo de sus clientes. Muchas de las historias de la antigua clase gobernante están ligadas a la existencia de estos lugares. Algunos pincelazos como los ofrecidos por Enrique Serna en El vendedor de silencio podrían emularse para narrar episodios recientes ocurridos en sitios como Casa Lamm, Piso 51, 50 Friends, Novecento, Mar del Zur y otros no tan públicos, como la casona que frecuentaban los amigos de Emilio Lozoya, o el salón de puros-war room de Luis Cházaro, o la terraza preferida del jefe de Gobierno, en la contraesquina del Suntory de la Del Valle, este último centro de operaciones de Rosario Robles y Ramón Sosamontes…

La sobrevivencia de esos y otros comederos no depende necesariamente de los políticos, sino de los ciclos económicos… y frecuentemente, de los pleitos familiares. Tal es el caso del Restaurante Arroyo, que hace ocho décadas emergió del pequeño local donde sus fundadores, Don Pepe y doña Mary, ofrecían barbacoa a quienes emprendían escapadas a Cuernavaca y Acapulco.

Gracias a un innato don de gente, su hijo Chucho logró atraer a personalidades de la política, el periodismo y el mundo del espectáculo. Sus salones honran a los más recordados —Jacobo Zabludovsky y José Alfredo Jiménez—, lo mismo que el cortijo, donde años tras años se han emitido programas de radio y festejos taurinos… hasta el pasado fin de semana.

Y es que después de cinco meses de emplazamientos judiciales, la Fiscalía de Delitos Ambientales procedió al aseguramiento provisional del local ubicado en Tlalpan. Leticia Arroyo Amescua y Marcela Rojo, actual pareja del socio mayoritario del restaurante, demandaron a José Víctor Arroyo ante el juzgado 47° de lo civil de la CDMX, tras de su negativa de convocar, en su carácter de administrador único, a una asamblea de socios en la que aprobarían su renuncia, designarían nuevos administradores y concretarían un cambio accionario pendiente desde hace ocho años.

Desde entonces está en curso el juicio mercantil 533/2020 interpuesto por los representantes de Controladora Santa Úrsula SdeRL contra Pepe Arroyo Loyo, presunto responsable del delito de despojo.

Los últimos capítulos de este litigio que enfrenta a Chucho Arroyo con tres de sus hijos han sido mediáticos y por lo mismo muy polarizantes. En la carpeta de investigación, Rojo Posada se ostenta como apoderda legal de José Jesús Ricardo Arroyo Aguirre y del Restaurante Arroyo figura como querellante.

En víspera del aseguramiento del inmueble, los representantes legales de Arroyo Loyo se quejaron de las “llamadas amenazantes” de la representante legal de su padre y de su hermana menor, para informarle de una denuncia en su contra.

Sus escritos fueron remitidos al fiscal de investigación en delitos ambientales y en materia de proteccción urbana, José Feliciano Espinosa Nolasco, y a la titular de la Unidad 3, de la agencia investigadora, Laura Frías Martínez. No obstante, el mediodía del viernes 11 se ejecutó el operativo policiaco en el concurrido restaurante, por instrucciones de la Ministerio Público. En el acceso principal del inmueble quedó una lona de la FIDAMPU como aviso al público del cumplimiento de las ordenanzas en la carpeta de investigación A/UI-1CD/468/12-2020. Tres días, antes, el fiscal Espinosa Nolasco resolvió ordenar el aseguramiento provisional del local. Oficiales de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía cumplieron con el enfajillamiento de los accesos al restaurante, el cortijo y las caballerizas.

Los abogados del empresario han reclamado el no ejercicio de la acción penal, ante la Fiscalía especializada. Y es que en el juicio, Marcela Rojo lo reconoció como administrador único del restaurante.

“No existe una afectación jurídica, patrimonial o de cualquier otra naturaleza que pueda derivar en una conducta delictiva”, insisten, tras de sugerir que el aseguramiento ejecutado hace tres días afectó los derechos humanos de los trabajadores del restaurante.

Arroyo Loyo ha sido administrador único del restaurante desde hace 33 años y cuenta con poderes notariales vigentes. No obstante, la Fiscalía procedió al aseguramiento del privilegiado local, que ha cerrado sus puertas… ¿de manera definitiva?

Efectos secundarios

AFIRMACIÓN. Tras de obtener la autorización de la Cofepris para uso de emergencia de su vacuna contra el coronavirus en México, Pfizer felicitó al gobierno de México por esta decisión histórica y reafirmó su compromiso para contribuir a la erradicación de esta devastadora pandemia. Las primeras dosis serán para los trabajadores de la salud, según la decisión oficial. Y después, una cobertura por grupos de edad que no dejó muy satisfecha a amplios sectores de la empresa y la industria, convencidos de que la salud de la economía depende de las actividades esenciales y sus trabajadores. ¿Ejemplos? Pilotos, asistentes de vuelo, maestros, conductores de autobuses, empacadores de carne, cajeros de bancos, conductores de Uber…

¿ALARMISMO? Con la rúbrica de Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, circula una inusual crítica al gobierno federal, por “las arbitrariedades en el plan de vacunación” que arrancará en breve, pues a su juicio “vulneran el derecho a la salud y a la vida de los mexicanos”, además de representar un riesgo a la inseguridad pues “tanto la población civil como el crimen organizado querrán apoderarse de la vacuna como dé lugar”. Ese escenario apocalíptico —de “saqueos relámpago”— tendría un precedente: la falsificación de pruebas y vacuna Covid, que no han enfrentado los aparatos estatales de seguridad. El resguardo, manejo de las cadenas de suministro y aplicación del medicamento.

@aguirre_alberto