Está claro que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no se va a meter a discutir una reforma hacendaria, por más necesaria que sea, porque inevitablemente implicaría que muchos sectores sociales que tradicionalmente no han pagado impuestos, aun teniendo la posibilidad de hacerlo, tuvieran que empezar a contribuir.

Una reforma hacendaria implicaría hacer un mejor diseño del reparto entre las entidades federativas y de paso tener mejores reglas para el ejercicio del presupuesto.

Y eso, para un gobierno como el actual que tiene como única prioridad mantener su popularidad electoral, es algo inimaginable.

Antes de ganar la presidencia, López Obrador adelantó que habría una reforma fiscal a la mitad de su gobierno, pero en el diseño de ese mundo imaginario que es la 4T se suponía que a estas alturas habría millones de mexicanos encantados con el gobierno. Hoy es exactamente lo contrario. Así que la intensión de hacer cambios en los impuestos ya se abandonó.

Pero hay algo más, el discurso de polarización y de desprestigio para cualquier político que no piense exactamente igual que Andrés Manuel López Obrador cierra la puerta para que en lo que resta de la década futuros gobiernos puedan emprender una necesaria reforma fiscal.

Llevar a numerosos sectores sociales al borde de la confrontación física como forma de mostrar su desacuerdo con formas de pensar diferentes a las de López Obrador será un dique importante, no sólo para un eventual gobierno de oposición, sino incluso para las propias corcholatas electorales del Presidente que no tendrán margen de maniobra cuando López Obrador ya no esté.

Y es un hecho que el crecimiento exponencial del gasto clientelar del actual gobierno habrá de provocar presiones en el gasto público que requerirán o más ingresos o recortes presupuestales adicionales.

Además, hay una serie de compromisos de gasto, no sólo el servicio de la creciente deuda pública que sigue aumentando, aunque desde las mañaneras digan lo contrario. También hay una serie de pasivos, como las pensiones o la bomba de tiempo financiera que es Pemex, que van a presionar las finanzas públicas.

Este Presidente tiene la capacidad de vender la idea de que no suben las gasolinas, a pesar de que sus precios están en máximos históricos, y la opinión pública lo compra. Hay una crisis de inseguridad, amplios territorios están bajo el mando del crimen organizado, y logra que no sea un asunto de interés nacional.

Pudieron dejar a millones de personas en la indefensión ante la crisis económica y el tema que importaba era la rifa del avión presidencial.

En fin, habría la capacidad política en la 4T de operar reformas que sí pudieran ser benéficas para las finanzas públicas como una reforma fiscal, pero hay una mala concepción desde la cabeza del gobierno sobre la importancia de aumentar la recaudación a través de evitar la evasión de amplios sectores sociales.

Y al mismo tiempo, esa oposición radical a cualquier planteamiento externo al pensamiento de un sólo hombre es bloqueado, desprestigiado, atacado y convertido en objeto de odio para sus masas.

Puesto en términos del deporte favorito del sexenio, esta administración ni picha ni cacha ni dejará batear en términos fiscales al menos durante una generación.