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En vez de recaudar mejor, planificar con sensatez y hasta de endeudarse más, el gobierno de la 4T pretende conducirse como un organismo… ¡no gubernamental!:

Al comentar la cancelación del presupuesto para las Casas de la Mujer Indígena, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo a finales de mayo que se visitarán embajadas y a la representación de la Unión Europea en México para ver si se consiguen fondos.

El recurso parroquial de recaudar limosnas viene instituyéndose de manera preocupante en la administración pública.

Con el pretexto de profundizar en la “austeridad republicana”, el jueves reciente, la Secretaría de Hacienda emitió una orden virtual a los funcionarios para que se mochen con un porcentaje de su salario, lo cual ilustra un deprimente y abusivo manejo de los apuros económicos.“Voluntarias” le llaman la oficial mayor y el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario a las “aportaciones” disfrazadas de “espontáneas”: exacciones de facto abiertamente ilegales. Exigencia tácita de un poder intimidatorio que puede correr a quienes no apoquinen. Una variante gubernamental del cobro de piso que impone la delincuencia organizada.

El Presidente cederá 25 por ciento de los tristes 108 mil pesos que se asignó de salario; los secretarios, 23; las subsecretarías y oficialías mayores, 21; jefes de unidad, 19; direcciones generales, 17; las adjuntas, 14; titulares de área, 10, y los subdirectores, 5 por ciento.

Como excusa falaz, se argumenta que la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria obliga al gobierno a ser más austero.

Se trata en realidad de un agravado pichicateo que, a partir de una supuesta “austeridad juarista”, se degenera como lesiva pobreza franciscana que nada de nuevo tiene: comenzó mucho antes de la pandemia, a principios de 2019, con la cancelación de programas y recortes presupuestales; el despido de personal calificado en todas las dependencias y de 10 mil médicos, enfermeras y pasantes del sistema público de salud, en alto contraste con el dispendio en obras tan innecesarias como la refinería en Dos Bocas, el tren dizque “maya” y la campechanización de la base aérea militar de Santa Lucía con un aeropuerto civil (a costa de chatarrizar más de 30 por ciento de lo que se había avanzado en Texcoco).

El pase de charola entre la chaparrizada “alta burocracia” viene precedida de subastas, ventas de garaje y tandas; de la invención de un sorteo con el precio del avión presidencial como referencia y la escandalosa y ominosa disminución de 75 por ciento de lo presupuestado para “gastos generales” del aparato federal.

Las devastadoras consecuencias se constatan en la compra tardía de medicamentos contra el cáncer infantil, el abandono de las estancias en que 350 mil menores que se fueron a la calle dejaron de recibir alimento y capacitación educativa inicial, así como en el ánimo del personal y depauperación del, de por sí, mal procurado universo cultural, científico y tecnológico.