Habría sido el aeropuerto de López Obrador, con el nombre que él quisiera, sería ese que arrebató a las manos sucias de los tecnócratas neoporfiristas y corruptos y que dejó libre de corrupción para beneficio del pueblo
Si el gobierno federal hace valer su compromiso de campaña de no permitir la impunidad y la corrupción, ésta es la temporada de pesca más importante del año. Porque justo ahora se revisan las cuentas del último año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
No todas las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación (ASF) constituyen posibles delitos, pero había suficientes indicios para investigar más a fondo muchas partidas presupuestales ejercidas el sexenio pasado.
Si la 4T no procede contra esos presuntos exfuncionarios públicos corruptos, en los que se recargó para ganar el poder, puede convertirse en un boomerang para su propia causa.
Sobre todo, en casos emblemáticos, como la construcción del aeropuerto de Texcoco. El actual gobierno lo vendió como un cochinero lleno de tranzas. La salida que encontró Andrés Manuel López Obrador, aun antes de asumir el poder, fue una que resultó absurda, ilógica e insostenible con el tiempo: cancelar su construcción para parchar un aeródromo militar inviable y lejano.
Pero resulta que empiezan a salir las evidencias de que tenía razón, en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco aparentemente sí se presentaron actos de corrupción.
Si las versiones que ahora trascienden se llegaran a comprobar, lo primero que quedaría claro es que este gobierno perdió una gran oportunidad de tomar bajo su control el proyecto en marcha, con casi 40% de avance, limpiar todos esos malos manejos, castigar a los responsables y continuar con una construcción impoluta de un aeropuerto mundialmente aceptado y admirado que habría solucionado la saturación de la actual terminal aérea.
Habría sido el aeropuerto de López Obrador, con el nombre que él quisiera, sería ese que arrebató a las manos sucias de los tecnócratas neoporfiristas y corruptos y que dejó libre de corrupción para beneficio del pueblo.
Pero no. La decisión fue echar a la basura el proyecto, gastar mucho dinero en pagar a los inversionistas y parchar la terminal aérea militar de Santa Lucía con total opacidad. Todo esto con el rechazo de las líneas aéreas, los usuarios y de las autoridades aeronáuticas internacionales.
El gobierno está obligado a investigar los presuntos desvíos del NAIM, castigar a los responsables. No hacerlo corre en su contra. Y en los años por venir deberá explicar su ilógica decisión de acabar con ese proyecto.
Es muy difícil que en estos tiempos haya alguna instancia pública que se atreva a cuestionar las cuentas oficiales, pero la ASF ya terminó la revisión del último año de Enrique Peña Nieto y ahora debe por ley abocarse a revisar el primer año de Andrés Manuel López Obrador.
Y por donde se le quiera ver, la cancelación del NAIM y el insostenible parche de Santa Luía deberá generar múltiples observaciones que quizá en estos tiempos se dejen pasar, pero que quedarán para la historia.
Independientemente de que la terca realidad se haya encargado de hacer de la señal de la cancelación del NAIM un pasivo en la confianza en este gobierno y que la eventual operación del aeropuerto de Santa Lucía se convierta en un rotundo fracaso.
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