Al grito de “los queremos vivos”, un grupo de manifestantes incendió oficinas gubernamentales y de partidos políticos. Los normalistas robaron camiones para transportarse. Los maestros tomaron casetas y exigieron dinero a los automovilistas. Los anarquistas robaron tiendas de conveniencia. Los manifestantes apedrearon y saquearon comercios en Chilpancingo, en Iguala, en Ecatepec, en Baja California Sur, … Continued
Al grito de “los queremos vivos”, un grupo de manifestantes incendió oficinas gubernamentales y de partidos políticos. Los normalistas robaron camiones para transportarse. Los maestros tomaron casetas y exigieron dinero a los automovilistas. Los anarquistas robaron tiendas de conveniencia.
Los manifestantes apedrearon y saquearon comercios en Chilpancingo, en Iguala, en Ecatepec, en Baja California Sur, en Oaxaca o en el Distrito Federal.
Las autoridades prometen que aplicarán la ley a estos grupos. Caiga quien caiga, dicen las procuradurías. No habrá impunidad en los casos de robo a comercios. No se volverán a permitir actos vandálicos.
No hay un solo delincuente juzgado por estos delitos. Ninguno de estos relatos nos parece ajeno, extraño en estos tiempos. Violencia, impunidad y autoridades pasmadas, temerosas y cuidadosas de sus chambas son la constante en estos tiempos. Y como el ejemplo cunde, los hechos de la delincuencia común aumentan con la total certeza de que lo que hoy priva en este país es la impunidad.
Todo esto tiene serias consecuencias económicas para el país. Empezando porque detrás de cada saqueo, de cada lapidación o incendio, hay una inversión y empleos perdidos. Pero con el efecto generalizado de pérdida de confianza.
Para alimentar el pesimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo calcula las pérdidas económicas de México durante los últimos ocho años en 12 por ciento del Producto Interno Bruto.
Los distribuidores de autos nuevos no encuentran la recuperación por la impunidad. No sólo por el robo de autos y el temor de comprar coche nuevo, sino por la facilidad que prevalece de torcer la ley para importar autos usados desde Estados Unidos.
El INEGI dejó de publicar en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo los datos de cuántos negocios cerraron como producto de la inseguridad y la violencia, como sí estuvo publicado hasta el 2012. Negar la realidad no sirve para corregir el problema, simplemente abona a la desconfianza de la autoridad.
Por cierto que también el INEGI, a decir de los comerciantes fronterizos, eliminó el reporte mensual de las ventas al menudeo y mayoreo de las ciudades de la frontera de su Encuesta Mensual de Empresas Comerciales, como para ocultar el terrible impacto fiscal en estas zonas.
Los expertos en economía que consulta el Banco de México consideran también las medidas fiscales como un lastre, pero antes que los impuestos, ven que la inseguridad pública es el más grande problema para que este país pueda mantener un crecimiento económico sostenido.
Si algo sobra son diagnósticos. No hace falta mucho más para ver el tamaño de la violencia, la inseguridad y la impunidad. Lo que falta es una autoridad capaz de actuar como garante de las leyes.
¿Quién se acuerda hoy de la recién aprobada reforma energética, como la más ambiciosa jamás lograda en este país en décadas? Nadie. Lo que hoy vemos son imágenes diarias de delincuentes saqueando y destruyendo con total impunidad.
Si lo que preocupa son las estadísticas, ya vendrán las revisiones a la baja en la previsión del crecimiento económico derivado de la violencia que ahora se extiende como fuego. Puede ser que así se atraiga la atención de los tomadores de decisiones que puedan ver en Excel lo que vive la gente sin escoltas.
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