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En su Bala de terciopelo de ayer en MILENIO, Ana María Olabuenaga escribió: “Frente a nuestros propios ojos, en México siempre está ocurriendo lo terrible y lo imposible, lo impensable y lo inédito, pero no nos damos cuenta, no lo alcanzamos a ver.

Todos los elementos para revelar la verdad están debajo de nuestras narices; sin embargo, están enredados y torcidos para que nadie los descifre. País del queso anudado, del pelo torcido en trenzas, de los sombreros de paja entrelazada. Herencia maldita de una historia que se teje y desteje mientras se deshilacha”.

Su descripción la ilustra con el derrotero seguido por las investigaciones de la extinta Procuraduría y la actual Fiscalía General de la República del caso Iguala, mismo que ocho años después de la matanza “deberíamos tenerlo claro”. El problema es que “mientras unos se encargan de tirar de la hebra, otros la van enmarañando”, dice Ana María.

Si lo hecho por la PGR adoleció de interrogatorios bajo tortura, diligencias y consignaciones ministeriales desaseadas y presunta siembra de pruebas, la mancuerna de la falsaria Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia y la sectaria Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa pervirtió ya el caso de manera nauseabunda, como lo evidencian su confianza en delincuentes excarcelados y habilitados de testigos protegidos, la fabricación burda de inverosímiles y caricaturescos mensajes telefónicos y su empeño en perseguir a ex servidores en vez de actuar contra los homicidas.

Esas instancias las encabezan, respectivamente, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y quien por palpable conflicto de interés jamás debió ser fiscal: Omar Gómez Trejo.

Lo de que todos los elementos para revelar la verdad están debajo de nuestras narices me remite a La carta robada (Edgar Allan Poe), donde el documento que se busca sin éxito y hasta en lo más recóndito de la casa del ladrón, el detective Dupin lo halló donde estuvo siempre: en un tarjetero de la mansión asaltada.

Del caso Iguala, escribió Sergio Sarmiento, se ha pasado de “la verdad histórica a la verdad confusa”.

Sin embargo, lo más aproximado a la “verdad” está contenido en las dos mil 177 páginas –que con sus anexos totalizan 13 mil 623– de la Recomendación que hizo a finales de 2018 la Oficina Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (que Rosario Piedra Ibarra ha chatarrizado), con 128 puntos recomendatorios (que incluyen 224 propuestas de investigación) dirigidos a 17 autoridades y en particular al Ministerio Público federal: un exhaustivo trabajo de casi cuatro años, sustentado en testimonios confiables y pruebas periciales, no en tacos de lengua.

La Recomendación incluye la sugerencia de que envíen a Innsbruck 114 restos óseos para su análisis genético, pero sin explicación alguna sigue siendo ignorada por la 4T.

“Lo que se busca en nuestro país no es desenredar, sino meter el peine y jalar el nudo para que duela más”, lamenta Olabuenaga…