La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para ampliar la transparencia federal, acotar reservas de información y publicar contratos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó este martes un decreto para ampliar la transparencia del Gobierno federal, con nuevas reglas para publicar contratos, información de filiales de las empresas estatales y avances de auditorías, además de acotar los criterios para reservar información.
La gobernante mexicana afirmó que la medida busca impedir que la decisión sobre qué información se publica quede a criterio de cada funcionario y establecer lineamientos específicos para determinar qué puede reservarse por razones de interés público, seguridad nacional o por estar relacionado con procedimientos administrativos o judiciales.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el decreto impulsa a las instituciones federales a publicar información adicional a sus obligaciones legales y fortalece la Plataforma Nacional de Transparencia, que, dijo, fue estabilizada después de su transferencia tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Buenrostro detalló que la plataforma incorporó nuevas herramientas de descarga y que, a más tardar en 30 días hábiles, sumará contenidos de interés público más completos y actualizados.
El decreto se concentra en cuatro frentes: contrataciones públicas, filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fiscalización y auditorías, y la incorporación voluntaria de otros poderes y niveles de gobierno al principio de máxima publicidad.
Entre los principales cambios, los contratos del Gobierno federal pasarán de publicarse cada tres meses a difundirse mensualmente.
En las estatales Pemex y CFE se incorporarán informes presentados ante agencias extranjeras, estados financieros, información sobre gobierno corporativo, políticas de operación y contratos de sus filiales.
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En fiscalización se publicarán datos adicionales sobre el programa anual de auditorías, estadísticas, situación de las revisiones, seguimiento de observaciones y asignación de despachos externos.
Buenrostro señaló además que se busca limitar expresamente las reservas a los supuestos constitucionales de interés público y seguridad nacional.
Sheinbaum indicó que el decreto será incorporado posteriormente a una iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia.
En la misma conferencia, la mandataria insisitió en su defensa a los lineamientos sobre derechos de las audiencias sometidos a consulta pública y negó que constituyan un mecanismo de censura.
Sostuvo que las posibles sanciones se limitarían a que los concesionarios no publiquen su código de ética, no nombren un defensor de audiencias o no establezcan un mecanismo de quejas.
Luisa María Alcalde defendió que los propios medios definirán sus códigos de ética y nombrarán a sus defensores, mientras la autoridad no determinará qué contenido es verdadero o falso.
Añadió que los lineamientos plantean identificar la publicidad pagada y distinguir, al inicio y al final de los programas, entre espacios informativos y de opinión, mientras la propuesta aún permanece abierta a observaciones ciudadanas.
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