El lunes de esta semana el presidente Peña Nieto promulgó las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética aprobadas por el poder Legislativo. La ansiada reforma marca un hito en la historia económica de México y sienta las bases para que nuestro ineficiente sector energético se convierta en un detonador fundamental del desarrollo … Continued
El lunes de esta semana el presidente Peña Nieto promulgó las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética aprobadas por el poder Legislativo. La ansiada reforma marca un hito en la historia económica de México y sienta las bases para que nuestro ineficiente sector energético se convierta en un detonador fundamental del desarrollo económico de nuestro país.
Durante 76 años, la industria energética de México había permanecido rehén de traumas históricos y soberanías mal entendidas desperdiciando oportunidades que otros países como Noruega, Brasil, Colombia y Estados Unidos han capitalizado para convertir sus industrias energéticas en fuentes de riqueza y de empleo.
El anacrónico marco regulatorio de la industria energética en nuestro país provocó que tan sólo en los últimos seis años, la producción de petróleo disminuyera casi 25 por ciento. Con los cambios constitucionales aprobados el año pasado y las leyes secundarias promulgadas el lunes, las bases quedan sentadas para que México apalanque de su enorme riqueza natural en reservas de petróleo y gas natural para detonar un círculo virtuoso de inversión, producción, empleo y crecimiento.
En primer lugar, la reforma era necesaria para poder mantener la competitividad de nuestro sector manufacturero, uno de los grandes creadores de empleo. En ausencia de una reforma energética que permita abaratar los costos de la electricidad —mediante la producción de electricidad a base de gas en lugar de combustóleo— nuestra industria manufacturera se había vuelto totalmente dependiente de los subsidios a los costos de electricidad para evitar un éxodo de plantas al otro lado de la frontera. Tan sólo en el 2013, el gobierno gastó 6,500 millones de dólares en subsidios a la electricidad, monto que debería estar siendo invertido en mejorar la red eléctrica y la infraestructura productiva eléctrica del país.
La nueva ley permitirá disminuir los costos de generación de electricidad y además dará la capacidad al sector privado de producir y comercializar su propia electricidad sin tener que depender de la CFE como comprador y portador único.
En segundo lugar, la reforma energética debe favorecer a un fuerte aumento en la capacidad de producción y distribución de crudo y gas, contribuyendo a la soberanía e independencia energética de nuestro país y mejorando el potencial exportador. La participación del sector privado permitirá la explotación de yacimientos nuevos y la expansión de la red de oleoductos y gasoductos, sustituyendo el ineficiente sistema de transporte terrestre vía pipas.
En tercer lugar, la reforma debe detonar un fuerte incremento en la Inversión Extranjera Directa (IED) y la inversión privada doméstica. En el caso de la IED, el flujo podría superar los 10,000 millones de dólares anuales en los primeros dos-tres años y superar 40,000 millones de dólares anuales dentro de cinco años. Para dar una idea de la magnitud de este aumento, la IED en nuestro país ha promediado aproximadamente 20,000 millones de dólares anuales durante los últimos 10 años, por lo que la reforma energética debería de por lo menos duplicar la cifra actual.
En cuarto lugar, la reforma debe contribuir a la generación de aproximadamente 100,000 empleos anuales durante los próximos cinco años. Si lo ocurrido en otros países se repite en México, la mayoría de estos empleos deben ser bien remunerados.
Aunque la reforma no es perfecta, su implementación adecuada podría detonar un cambio transformacional que contribuya a que México finalmente salga de la trampa de crecimiento en la que llevamos sumidos décadas.
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