La rebelión de la periferia

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador iniciará con la potencia que le da su abrumador triunfo electoral, una amplia mayoría en el Congreso y una oposición colapsada. No creo que en la historia reciente algún otro presidente haya arrancado su gobierno con tanto poder y tanta capacidad para concentrarlo.

He expresado en este espacio que la principal oposición al nuevo gobierno naturalmente surgirá desde la derecha. Sin embargo, en estos días hemos visto que la oposición y sus liderazgos también podrían acabar consolidándose en un plano distinto al ideológico, aunque no menos importante: frente a la centralización del poder, la rebelión de la periferia.

La semana pasada, en una carta abierta al Presidente electo de México, 12 gobernadores del PAN se quejaron de la recién anunciada estrategia contra la inseguridad. Advirtieron que terminarán sometidos a los superdelegados y como meros invitados en sus propias entidades. Paralelamente, PAN y PRI, seguidos por PRD y MC, anunciaron acciones legales en contra de las coordinaciones estatales.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco emanado de MC, ha cuestionado el manejo centralista del presupuesto y la exclusión de los proyectos de su entidad. Alfaro dijo que no permitirá que se vulnere la soberanía estatal con las políticas del nuevo presidente. En ello ha sido respaldado por dirigentes empresariales, diputados y alcaldes de todos los partidos, así como por autoridades universitarias y culturales.

Es precisamente en medio de estos reclamos de los estados donde podría gestarse un liderazgo de oposición con alcance nacional. Alfaro lleva la delantera por el peso de Jalisco y por su interlocución con muchos grupos de la sociedad civil que, lejanos a Morena, buscan un anclaje político.

Por supuesto, nadie la tiene fácil. El gobierno central, a través de los superdelegados, controlará el grueso de los recursos públicos en todos los estados. Pero en la periferia, ya se ven condiciones para el avance de nuevas oposiciones, sobre todo si los poderosos coordinadores estatales no demuestran eficiencia, no satisfacen las expectativas o, de plano, ignoran los intereses locales.