La pregunta de la Corte y su efecto boomerang

Resulta que en la maroma que se aventó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para no decirle que no al Presidente, en sus afanes distractores de tener una consulta contra los ex presidentes de México, el propio Andrés Manuel López Obrador podría ser el señalado por los ciudadanos.

El ejercicio propagandístico de la 4T, de querer llevar la atención de los electores el próximo año hacia el pasado y con ello desatender el desastre actual del país, fue enmendado por los malabares de los ministros con esta nueva pregunta:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Todo ese enredo verbal evita a toda costa mencionar los nombres de los expresidentes, porque ahí sí no tendrían cara para justificarse los ministros que aprobaron la constitucionalidad de la consulta, pero en realidad no dice nada.

En esa pregunta cabe perfectamente bien un proceso de esclarecimiento de la decisión política de Andrés Manuel López Obrador de haber tomado, en los años pasados, la decisión de tomar Paseo de la Reforma después de perder las elecciones del 2006.

Porque, el entonces candidato, como actor político asumió una decisión que dejó víctimas y, por lo tanto, vale la pena tomar las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional, para esclarecer ese hecho.

En la pregunta legalmente correcta de la Corte, caben todos los expresidentes, todas las legislaturas y cualquier infinidad de actores políticos pasados y presentes que hayan tomado decisiones… Hasta el 2020.

Sí, el acto de prestidigitación de la Corte habla de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos y el 2020 será un año pasado para el día de la consulta.

Así que, si el asalto al Paseo de la Reforma de hace ya 14 años es un hecho viejo, con delitos prescritos, en el planteamiento de la SCJN caben las decisiones de este gobierno asumidas entre el 2018 y el 2020.

Desde la cancelación de la construcción del Aeropuerto de Texcoco, pasando por la violación de los contratos vigentes de no pocas empresas dedicadas al sector energético, los recortes arbitrarios al presupuesto que dejaron sin medicamentos a los niños con cáncer o en negligente manejo de la pandemia de la Covid-19 y de la crisis económica.

Claro, todo se trata de un ejercicio de distracción electoral que no es vinculante y que simplemente se planeó con fines propagandísticos. Su pecado mayor es tener que destinar cientos de millones de pesos para consultar algo que simplemente no lleva a ningún lado.

Y si eventualmente se tratara de involucrar en esa pregunta de la Corte a las malas decisiones del actual gobierno, que no quede duda que la movilización social desde las estructuras del poder sería de tal magnitud que la respuesta mayoritaria sería: ¡No! Dejen todo como está, sin investigar nada de la 4T.