La lista pertenece al Poder Judicial

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, anunció antier que los aspirantes a juzgadores que se hayan inscrito únicamente en el Comité de Evaluación del Poder Judicial serán incorporados a las listas del Comité de Evaluación del Poder Legislativo.

“Sería gravísimo que las personas que de buena fe se inscribieron en el Poder Judicial y no lo hicieron en el Legislativo y Ejecutivo queden fuera de la elección por una franca provocación del Poder Judicial (…). Les anunciamos desde ya que tomaremos el acuerdo para que las personas que se registraron vía el Poder Judicial sean integradas al proceso y si resultan en la insaculación, serán candidatas”, dijo en conferencia de prensa.

Según él, las suspensiones dictadas contra el proceso legislativo de la reforma constitucional son improcedentes conforme al artículo 61 de la Ley de Amparo.

Entonces desconoce que los juicios no son contra la reforma, sino contra lo sucio del proceso legislativo con que fue aprobada, como la falta de certeza en que hayan sido diputados todos los que votaron en el deportivo de la Magdalena Mixiuhca o la delincuencial y descarada compra del voto definitorio del senador Yunes Márquez a cambio de que el Ministerio Público veracruzano y federal anularan las órdenes de aprehensión que pesaban en su contra.

“No sé de verdad dónde estudiaron Derecho los integrantes del Poder Judicial, porque la Ley de Amparo dice muy claro que no procede el amparo contra reformas constitucionales y ya es Constitución vigente la reforma que se hizo al Poder Judicial. Pero además no procede el amparo contra un proceso electoral”, dijo, y esgrimió un sofisma:

“Imagínense que con un amparo pudieran detener la elección presidencial, eso sería gravísimo, sería poner al país en una crisis enorme…”.

Aseguró que todo lo no previsto “será resuelto” por la Mesa Directiva o la Junta de Coordinación Política del Senado.

Supone que el Legislativo puede adoptar a los registrados ante el Poder Judicial, lo cual carece de sustento legal.

¿Propondrá como propias esas postulaciones? ¿Acreditará que le fueron endosadas por el Judicial? ¿En qué artículo constitucional o de qué ley basa tan irresponsable promesa?

Debiera saber que no hay respuestas jurídicas a esas interrogantes.

Este nuevo episodio es otra raya en el tigre de la funesta reforma.

La declaración del machuchón senador no solo exhibe un desconocimiento alarmante del marco constitucional y legal, sino que revela además una peligrosa disposición para continuar atropellando principios básicos del estado de derecho.

Es evidente la ausencia de bases jurídicas para incorporar a los aspirantes registrados ante el Poder Judicial al proceso del Poder Legislativo.

Y la desfachatez de supeditar las reglas del proceso a la voluntad política de los senadores oficialistas refuerza la percepción de que esta perversa reforma no es más que un instrumento para consolidar el control político del obradorato sobre el sistema de impartición de justicia…