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El Buen Fin está diseñado para que caiga en quincena, coincida con la primera parte del pago de los aguinaldos, que tenga las mismas fechas que el puente del aniversario de la Revolución Mexicana y para incentivar la economía formal.

El que compra en los establecimientos inscritos en esta promoción tiene que pagar los respectivos impuestos. Básicamente, el Impuesto al Valor Agregado y en algunos casos el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Mientras que los comerciantes deberán pagar el Impuesto sobre la Renta por las ganancias adicionales de la temporada, los impuestos a la nómina por los tiempos extra y cualquier otra contribución que implique mantener sus establecimientos abiertos este fin de semana.

Así que, además de toda la cadena comercial y los servicios financieros, el fisco es un gran beneficiario de éste que llaman el fin de semana más barato del año.

El punto es que en esta economía convive un universo paralelo de informalidad, que de hecho es más grande que el grupo de aquellos que viven en la economía formal.

De acuerdo con el último dato del Inegi sobre ocupación y empleo, 56.5% de la población económicamente activa participa en la economía informal. La informalidad aporta entre 20 y 25% del Producto Interno Bruto de México y por supuesto que no paga impuestos.

La informalidad no sólo es el comercio, que es la cara más visible, tiene múltiples expresiones, incluso algunas con careta de ser actividades reguladas. Pero el comercio es el tema de este fin de semana y la informalidad será una competencia desleal para los que están en regla.

Muchos productos se dispersan por los canales informales y en su tránsito ya causaron algún impuesto que acaba por pagar el consumidor final, pero muchos otros no conocen ningún gravamen en todo su proceso de producción, importación o distribución.

Esos informales no sólo se cuelgan de la luz, sino que también se columpian de toda la publicidad que hacen las organizaciones formales para promoverse este fin de semana. Podrá ver en los tianguis los anuncios del Buen Fin que claramente son piratas, pero muy útiles para atraer clientes.

Ropa, calzado, electrodomésticos, diferentes productos de consumo de los cuales no hay claridad de su origen, serán vendidos como parte de la promoción del Buen Fin. El proceso no generará el pago de impuestos, los consumidores no tendrán garantías y el gobierno federal recibirá una sopa de su propio chocolate.

El vuelco que han dado los programas sociales, de atender carencias específicas, a dispersar recursos en efectivo con un enfoque asistencialista, no han mejorado el desempeño económico y sí, por el contrario, alimentan esas cadenas de informalidad que no contribuyen a las alicaídas finanzas públicas.

Ciertamente, las ventas de la informalidad en el Buen Fin habrán de aumentar, pero no van a contribuir al círculo virtuoso de la salud económica del país.

La paradoja es que el incentivo perverso para alimentar más a ese monstruo informal llega desde el propio gobierno federal.