Hasta aquí, he pasado por alto las enormes diferencias que hay en México. En Oaxaca, la informalidad es 81%, mientras que en Coahuila es 34 por ciento. Para la población ocupada que tiene más de 65 años, la tasa de informalidad es de 83 por ciento
En la informalidad trabaja 54% de la población y se produce 24.8% del PIB. ¿Qué nos dicen estos números?, mejor dicho: ¿qué hacemos con estos datos? Es obvio que estamos frente a un “fenómeno” gigante que no tiene solución a la vista. Tenemos una cultura de la informalidad, pero no tenemos una política pública frente a la informalidad. No la hay desde lo fiscal, pero tampoco desde la seguridad social, mucho menos, si la vemos bajo la lupa de la productividad.
La informalidad no es una realidad paralela. Es la otra cara de la moneda de un país que tiene una relación de codependencia con este dark side. Los que trabajan en la informalidad son más de 32 millones de personas que interactúan con la economía formal de muchas formas, casi todas disfuncionales. No trabajan con las mismas reglas ni se sujetan a las mismas “autoridades”. En México, hay más personas trabajando en el comercio informal que en el formal, ¿qué deberíamos hacer al respecto?
Los informales nos recuerdan que en México la cancha no está pareja. Ellos son el grupo de los que no paga impuestos, pero también el de aquellos que no reciben prestaciones y tampoco generan los derechos que deberían (desde la perspectiva de los derechos humanos). Además, constituyen el grupo que tiene la menor productividad. Están en las antípodas de los que trabajan en las industrias de exportación.
En la informalidad se produce el equivalente a 350 o 400,000 millones de dólares anuales. Decir una cifra, sin ponerla en contexto, es decir muy poco. El tamaño de la informalidad mexicana es enorme: es más grande que la suma de todas las economías de América Central. Si la informalidad de México fuera un país, tendría uno de los PIB más grandes de América Latina, solo superado por Brasil, México y Argentina. Competiría por el cuarto lugar con Colombia y Chile. Ahora que hablamos de América Latina, en Brasil son informales 39% de los trabajadores; en Chile, alrededor del 25 por ciento.
La aportación a la economía mexicana de la informalidad es entre cinco y seis veces mayor que la de las remesas. Digo aportación, pero alguno de ustedes podría refutarme y decir daños. No es un asunto donde se puedan hacer juicios facilones: estaríamos mucho mejor si tuviéramos los niveles de informalidad de Chile, pero estaríamos infinitamente peor si los 32 millones no tuvieran la opción de trabajar en la informalidad.
En cualquier caso, son una realidad que no ha dejado de crecer. En este crecimiento ha habido complacencia o complicidad de las autoridades. Más allá de la dimensión económica, no hay que olvidar el enorme peso político de los informales. Con ellos se puede ganar elecciones. Contra ellos se puede perder en las urnas y tener problemas de gobernabilidad: plantones, bloqueos de avenidas y toma de oficinas públicas, por ejemplo.
La contribución del 24.8% de la informalidad al PIB es la cifra más alta en lo que va de este siglo. Hay un crecimiento constante que merece análisis multidisciplinarios. Era el 23.1 en 2003 y ahora es el 24.8. En esos 21 años, la economía informal ha crecido más que la formal. La población que trabaja en la informalidad casi se ha triplicado. Eran 11.2 millones en 2003. Ahora son más de 32 millones.
Hasta aquí, he pasado por alto las enormes diferencias que hay en México. En Oaxaca, la informalidad es 81%, mientras que en Coahuila es 34 por ciento. Para la población ocupada que tiene más de 65 años, la tasa de informalidad es de 83 por ciento.
¿Qué hacemos? No hay una solución mágica que aplique en todo el territorio o para todas las actividades o grupos de edad. No estamos en una historieta donde estén combatiendo los buenos contra los malos o el bien contra el mal. ¿Qué tanto queremos resolverlo? ¿Preferimos una dosis más fuerte de anestesia?
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