A su paso por México, el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, habló de 151 mil 233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, y de 26 mil personas desaparecidas desde 2007. Dijo después que para un país “que no se encuadra en medio de un … Continued
A su paso por México, el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, habló de 151 mil 233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, y de 26 mil personas desaparecidas desde 2007. Dijo después que para un país “que no se encuadra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son impactantes”.
Es increíble que el alto comisionado no pueda ver estas cifras como encuadradas en el gran conflicto de la guerra contra las drogas que México aceleró, precisamente en 2006, y que la ONU avala mundialmente.
Esa guerra es la más violenta que México haya tenido desde su guerra religiosa de los años 20, conocida como Cristiada.
La ausencia de batallas formales en nuestro presente no responde al cuadro clásico de lo que llamamos guerra, pero la intensidad de la violencia y la cantidad de las bajas son, desde luego, las de una guerra. No las de una epidemia criminal.
Los muertos y desaparecidos de que habla Al Hussein son superiores a las 23 mil bajas en combate de la primera Guerra del Golfo de 1990-91 o a las 50 mil de la guerra entre Etiopía y Eritrea, de 1998- 2000. Están en la escala de los 112 mil civiles muertos en Irak, durante la segunda Guerra del Golfo de 2002.
Se trata de una alteración radical de la paz cuya causa es perfectamente discernible: precisamente la guerra contra las drogas que la ONU avala y México aceleró en 2006, hasta llevar las cosas al punto que nos horroriza hoy.
El alto comisionado puede no ver en esto responsabilidad alguna de la ONU, pero es la ONU la que sostiene el consenso prohibicionista que induce a la guerra contra las drogas que ha ensangrentado, entre otros, a nuestro país.
Hay que estar muy ciego para no poner esta guerra en el primer lugar de cualquier explicación coherente sobre la violencia y la crisis de violación de derechos humanos que nos sacuden.
El comisionado debiera llevar de regreso a su organización el caso de México como una muestra de las consecuencias desastrosas que puede tener el que un gobierno se tome en serio el consenso prohibicionista de la ONU en materia de drogas.
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