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Al inicio de este milenio, mucho se habló sobre la necesidad de aprovechar el bono demográfico. La pirámide poblacional empezaría a lanzar a miles de jóvenes al mercado laboral. Y, como en las mejores décadas de nuestra historia contemporánea, esa dinámica favorecería tasas de crecimiento económico más elevadas. Sin embargo, conforme el tiempo transcurrió, la realidad mostró que la debilidad institucional había cerrado la opción de aprovechar dicho bono.

Entre los factores que minaron ese potencial destaca la delincuencia. Con pocas oportunidades de integrarse a la economía formal, muchos jóvenes fueron presas de la criminalidad. Mientras algunos se sumaron a las filas de la delincuencia, otros pasaron a engrosar las estadísticas de víctimas.

El informe “Cuantificar la paz y sus beneficios”, que presentó hace unos días el Institute for Economics and Peace, documenta la relación entre violencia y crecimiento económico. Se estima que en 2018 el costo de la violencia en México representó 24 por ciento del PIB. Reducir la criminalidad en todo el país a los niveles de sus cinco estados más pacíficos generaría un “dividendo de paz” de 2.5 billones de pesos al año.

En lo que toca a los jóvenes, el estudio muestra que más de un tercio de las víctimas de homicidio reportadas cada año estaba en un rango de edad entre los 15 y los 29 años. En 2017, la tasa de homicidios entre los jóvenes fue 42 por ciento superior a la de la población general.

Así, mientras que la tasa de este delito a escala nacional es de 27 homicidios por cada 100 mil habitantes, en el segmento de los jóvenes asciende a 36.8, un nivel cercano al de países como Belice (37.6) y Lesoto (41.3), dos de las cinco naciones más violentas del mundo.

Entre 2006 y 2017, una quinta parte del total de defunciones de jóvenes fue clasificada como homicidio.

Estos números muestran, de manera trágica, la factura que la violencia ha cargado a nuestros jóvenes. Si la delincuencia, en general, pega de manera directa al crecimiento económico, la que padecen los jóvenes ha minado el potencial del bono demográfico. Lo que se veía como un bono generacional, se ha ido consumiendo a la sombra de la delincuencia.