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El caso Iguala es, desde hace 50 meses, el más importante de la historia criminal del México moderno.

Dos palabras han servido de pretexto para poner en duda las investigaciones de las autoridades responsables: “verdad histórica”. De nada sirvió que el procurador general de entonces, Jesús Murillo Karam, diez meses después de pronunciarlas, declarara que no debió usar tal expresión. “Quise decir historia de los hechos, o quizá debí hablar de la teoría del caso…” (Excélsior, noviembre de 2015).

Pero el problema no es semántico. Nada ni nadie ha logrado rebatir la versión (o dar otra) de que los normalistas fueron levantados por policías municipales, entregados a Guerreros Unidos, asesinados, ni que muchos o todos los cuerpos fueron quemados, hasta la carbonización, en el basurero de Cocula.

Quienes hablan por los padres dicen que algunos teléfonos de los jóvenes estuvieron activados días y hasta meses después de la matanza, pero esto se explica porque los victimarios extrajeron los chips para ponerlos en los propios equipos (quedó acreditado en al menos tres casos), lo cual confirma que estuvieron con los desaparecidos.

Contra la mentira que se propaló para negar la hoguera en el muladar, porque dizque había llovido, están los reportes meteorológicos de 26 y 27 de septiembre de 2014, registrando algo menor a una brisa que, lejos apagar las llamas, las habría avivado (en su combinación con la grasa humana involucrada).

El famoso “quinto camión” referido por el GIEI fue plenamente desmontado luego de ser aventurado y quedó pulverizado con las escuchas intervenidas a Guerreros Unidos en Chicago por la DEA, en las que nadie alude a un cargamento “robado” ni de la intención de recuperar alguna droga y donde resulta claro que los asesinos acataron órdenes precisas de culpar al fiscal de Guerrero y a los “verdes”.

Versiones “periodísticas” han llegado a sostener que dos narcoautobuses salieron de la normal de Ayotzinapa. Si fuese cierto, ¿por qué no fueron perseguidos por los narcotraficantes? Esta miserable invención criminaliza a la institución educativa, a sus alumnos y a sus profesores.

En el potaje con que se intentó fabricar el apetitoso “crimen de Estado” (ya no tuvieron tiempo sus maquinadores, y menos ahora, con el presidente electo y las fuerzas armadas tributándose el respeto mutuo que merecen), apestan afirmaciones como las del relator del Alto Comisionado de la ONU para México, quien con tardías entrevistas (a cuatro años de distancia), sin la menor demostración, afirma que los criminales fueron “torturados”, lo que a cuatro de los homicidas confesos les benefició hace pocos días para salir de la cárcel.

¿Cómo traerán hoy la conciencia quienes hicieron todo para politizar el caso en vez de procurar justicia? ¿Cambiarán ahora de objetivo y en vez de Peña pondrán bajo su mira a Andrés Manuel López Obrador…?