Las APP para la construcción de nuevos centros hospitalarios, la subrogación de los servicios integrales y las compras consolidadas tanto de medicamentos como de materiales de curación y equipos médicos fueron métodos empleados en los últimos tres sexenios por administraciones estatales y federales
Las APP para la construcción de nuevos centros hospitalarios, la subrogación de los servicios integrales y las compras consolidadas tanto de medicamentos como de materiales de curación y equipos médicos fueron métodos empleados en los últimos tres sexenios por administraciones estatales y federales. El IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular y casi todos los institutos de Salud Pública en las 32 entidades federativas recurrentemente suscribieron esos contratos hasta el sexenio peñista, cuando las Fuerzas Armadas concentraron los recursos de esas partidas para esquivar trabas burocráticas y licitaciones engorrosas.
Recuperar la soberanía del Estado mexicano en estas materias debería ser otra de las batallas de la Cuarta Transformación, a juicio del director general del IMSS, Zoé Robledo, quien trasladó a la Cofece la responsabilidad de que un bloque de empresas de laboratorios clínicos y análisis de sangre sigan en el padrón de proveedores de esos servicios. Las prácticas monopólicas se atienden en otra ventanilla.
Para eliminar sesgos en la compra de materiales y equipos médicos, el gobierno federal solicitó ayuda de las Naciones Unidas, a través de la UNOPS. En la compra consolidada para el periodo 2021-2024 participan la industria farmacéutica mexicana y fabricantes foráneos.
En la última de las tres sesiones informativas —el jueves 3 de diciembre—, los representantes de las entidades requirentes presentaron los avances en los procedimientos de compra para medicamentos de patentes y adelantaron que las bases para la licitación pública internacional de medicamentos y las invitaciones para oferta de medicamentos de fuentes única, genéricos y material de curación priorizados, se publicarían el viernes 4 y el lunes 7, respectivamente.
La observancia de los derechos exclusivos, la libre concurrencia, y la vigencia de las condiciones preferenciales por los tratados internacionales ya dominaban las discusiones.
Y es que hubo antecedentes ominosos: Uno, la reforma al artículo 26 del Reglamento de Insumos para la Salud (RIS), propuesta en septiembre pasado y que estaba pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación. La nueva disposición definiría normas para el etiquetado de los medicamentos destinados al sector público que permiten fortalecer su trazabilidad y manejo apropiado. En términos generales, señala que el envase primario y secundario de un medicamento deberá diferenciarse del destinado para el sector público y el etiquetado deberá incluir la leyenda “prohibida su venta” o “propiedad del Sector Salud”. Asimismo, se mantendrán las disposiciones generales en cuestión de etiquetado.
En principio, esta reforma proporciona mayor certeza respecto de los requisitos que se deberán cumplir en el etiquetado los medicamentos destinados exclusivamente para las instituciones públicas de salud y de seguridad social. Sin embargo, impone una obligación adicional a los titulares de registro sanitario.
El otro fue la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, producto de la armonización de los ordenamientos mexicanos con el nuevo T-MEC, que entró en vigor el pasado 5 de noviembre. En materia de patentes químicas y biotecnológicas introdujo una nueva cláusula “Bolar” y los Certificados Complementarios de Protección (CCPs), para compensar el retraso en el otorgamiento de registros sanitarios.
Una semana después de que apareciera el segundo llamado a licitación pública internacional, representantes de la industria biofarmacéutica mexicana de innovación advirtieron sobre los riesgo de violación a las nuevas reglas de protección de la propiedad industrial y la probable imposición de una barrera a la participación, por la exigencia del etiquetado para medicamentos que los afectaría irremediablemente.
En el listado de claves de medicamentos genéricos, la UNOPS incluyó 34 productos patentados y que cuentan con información protegida por derechos de propiedad industrial. Con esa acción —reclamó la AMIIF— ha quedado abierta la puerta para proveedores que carecen de autorización para fabricar, usar, vender u ofertar dichos productos en México.
En vez de permitir esa violación a las leyes vigentes, plantearon, el Insabi y la UNOPS debían ceñirse al procedimiento denominado “licitación de ofertas en situaciones de contratación directa bajo una fuente única” (previsto en su Manual de Compras, numeral 6.6.6.); el cual garantiza que productos protegidos por derechos de propiedad industrial sean adquiridos sólo al titular de dichos derechos.
Sobre el etiquetado de medicamentos, dice el numeral 2.5.2. textualmente: “El etiquetado de los envases primarios deberá contener contra etiquetas sin cubrir leyendas originales, indicando la clave del bien a 12 dígitos en el caso de medicamentos, en apego a lo establecido en la NOM-072-SSA1-2012”.
Esa disposición —adicional a lo estipulado en el RIS— no podría ser cumplida por muchas empresas, cuya línea de producción está centralizada y requerirían entre nueve y 12 meses para modificar sus envases y etiquetados.
“Si se mantienen estos requisitos para el etiquetado en envase primario, se estarían contradiciendo las declaraciones respecto a la aplicación de igualdad de oportunidades para participar en el proceso de compras y el compromiso de apegarse a la leyes y regulación mexicanas. Además, provocaría la descalificación de las empresas que no puedan cumplir con este requisito debido a las complicaciones antes mencionadas, causando así el riesgo potencial de que se declaren desiertas las compras de múltiples claves”, advirtió la AMIIF.
Efectos secundarios
VULNERABILIDADES. La noche del martes 15 de diciembre fueron divulgados los primeros hallazgos de la Encuesta Nacional de Salud Pública Covid-19. Un primer retrato —de carácter preliminar— de su impacto entre la población: Uno de cada cuatro mexicanos ya habría estado expuesto al coronavirus, lo que implica que cerca de 100 millones de personas aún no cuenta con inmunidad ante un probable contagio. De los 31 millones de personas que tendrían ya anticuerpos, la encuesta reveló que 80% no presentaron síntomas o no registraron molestias que ameritaran que fueran clasificados como casos confirmados. La pandemia está siendo asintomática y ahora mismo, la velocidad de contagio está en aceleración.
ADELANTOS. Formado en el ITAM, el politólogo Fernando Dworack ha concentrado sus esfuerzos en el análisis legislativo, la cátedra y la asesoría. Ahora presenta Invertir en política, su primer e-Book, dirigido a los empresarios, a los que hace recomendaciones para ser competitivos políticamente. “Esto implica conocer al sector público y cómo funciona para poder intervenir asertivamente en los procesos de toma de decisiones”, dice el autor.
Twitter: @aguirre_alberto
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