Indulgencias presupuestales

Faltan 72 horas para que expire el plazo, en el calendario del reloj legislativo, en el que debe quedar aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. El Palacio Legislativo de San Lázaro tuvo que cerrar sus puertas, por el plantón de las organizaciones campesinas que exigen más recursos. El senador petista José Narro Céspedes —uno de los legisladores más cercanos al FAP— aceptó que no será a través de las movilizaciones que podrán incorporarse sus demandas a la nueva ordenanza presupuestal.

Los alcaldes del PAN que decidieron movilizarse para incidir en la confección del nuevo presupuesto tampoco han sido exitosos en la gestión de sus demandas. Igual, algunos sectores de la economía pugnaban por un trato fiscal más benévolo.

Los industriales enfocados en la minería ejemplifican claramente la situación: este año, la inversión en exploración rebasará los 685 millones de dólares, por los que deberán entregar al fisco —por concepto de impuestos y derechos— más de 47,000 millones de pesos al año. En los seis años del sexenio lopezobradorista, las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México (Camimex) podrían invertir 24,000 millones de dólares… si se dan las condiciones óptimas de inversión.

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso ­Romo, contactó a los representantes de ese ramo, pero ya no hubo mesa de diálogo que valga, en la confección del paquete económico 2020. En ese mecanismo ambas partes analizarán propuestas para incentivar inversiones y revisar la situación fiscal, regulatoria y de seguridad, sobre una base consensuada: México ha perdido significativamente competitividad como destino de inversión en minería.

De acuerdo con un comparativo de la carga fiscal en México, Chile, Perú, Canadá (Ontario) y Estados Unidos (Arizona), la mayor carga fiscal, el destino más caro para invertir en el sector minero es México.

En materia fiscal, la Camimex ha pugnado por la deducción de 100% de las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, de la base del impuesto sobre la renta; que se permita el acreditamiento contra los nuevos derechos mineros de las obras de infraestructura y sociales que desarrollan las empresas mineras para el bienestar de las comunidades donde se ubican las operaciones; entre otras. Y en las mesas de diálogo propondrá deducir 100% los gastos de exploración y establecer pactos de estabilidad fiscal en plazos de 15 a 20 años, además de obtener una rápida devolución del IVA para fortalecer la situación financiera de las empresas.

Cabildeo a mediano plazo. Y es que tanto la miscelánea fiscal como la Ley de Ingresos han quedado definidas. Pero el objetivo es de mediano y “obtener una situación más equilibrada en materia de impuestos” para el sector debería concretarse —de acuerdo con su calendario— a partir del 2021 y para lo que resta de la administración lopezobradorista.

Por otra parte, las mineras conversarán con los poderes legislativo y ejecutivo para que se establezcan firmas de pactos de estabilidad fiscal que den certidumbre a los inversionistas al congelar las contribuciones a 15 o 20 años.

Para bien y para mal, los mismos interlocutores se encontrarán en el Congreso de la Unión. En el gobierno federal nadie apostaría por tal permanencia.

EFECTOS SECUNDARIOS

IDENTIFICADOS. El desencuentro entre los legisladores federales y el Ejecutivo federal fue más profundo y escandaloso de lo que trascendió en las primeras versiones. Inicialmente, las interpelaciones al presidente fueron atribuidas a integrantes de la bancada del PES. Ahora, ya quedó confirmado que dos diputados federales y líderes campesinos —Yako y la Polla— fueron los fallidos voceríos de las demandas por mayores recursos para el campo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, así como la restitución de programas sustantivos para el sector. La respuesta fue tajante: si querían plantarse a las afueras del Palacio Legislativo, muy su gusto. Pero el gobierno de México no cederá a chantajes.

BOCHORNOSO. Por fin el PRI y el PVEM dieron señales de existencia en los debates del Senado de la República. Sus votos —y también los de algunos legisladores que ¿desobedecieron? la línea de su coordinador— frustraron la intentona de repetir la tercera votación para elegir al titular de la CNDH, que la bancada panista había exigido arrebatadamente. Las injurias entre los azules y los morenistas bordearon lo procaz. Y el concurso de mantas sencillamente fue locuaz.