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Hay un marcado fracaso en el manejo de la pandemia en México. Las estimaciones y las estrategias han fallado. Todos los días desde el gobierno federal, un grupo de médicos convertidos en políticos tratan de enredar las cifras para esconder lo evidente.

La visión gubernamental está separada de la realidad y seguramente con la euforia de la visita a Washington, no podemos esperar a que haya una reconciliación de las crisis sanitaria y económica con el discurso presidencial.

Pero desde instancias autónomas de gran peso como el Banco de México hay una aproximación más objetiva a esa realidad de un escenario complicado. Incluso con ese mosaico de opiniones variadas que tiene su Junta de Gobierno.

La más reciente minuta de la pasada reunión de decisión de política monetaria deja ver que la incertidumbre es lo que priva hoy en muchos terrenos de la vida nacional. El primero y evidente es el sanitario, sin control de los contagios y las defunciones por SARS-CoV-2, no hay plan que valga para reactivar la economía.

Pero hay pre-existencias en el país que amenazan con complicar más el panorama futuro de México. Pemex es marcadamente un problema financiero que, en combinación con el riesgo de degradación crediticia, son amenazantes de la estabilidad financiera.

Con todo y el espectáculo de adulación mutua que presenciamos en la capital de Estados Unidos, la desconfianza de los capitales privados, en especial los de aquel país, en la economía mexicana es una realidad. Sin confianza para invertir, no hay manera de sustentar una recuperación económica sana.

Evidentemente que la preocupación central de la Junta de Gobierno del Banco de México es la inflación y ahí también aparece la palabra incertidumbre.

Hay riesgos que van desde las presiones cambiarias hasta problemas de logística y suministro de bienes y servicios.

Algunos no ven problemas para que la inflación general se mantenga cercana a la meta establecida por el propio banco, pero otros integrantes de la Junta de Gobierno claramente observan que hay presiones en algunos precios que afectan directamente a los consumidores de menores ingresos.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor aceleró su aumento en junio pasado a un nivel anualizado de 3.33%, desde 2.84% de mayo pasado. Y si bien califica como un dato dentro del rango contemplado por el propio banco central, hay precios que han subido de forma considerable.

En especial, alimentos y bebidas. Más allá de que las bebidas alcohólicas y tabacos han subido su registro anual de inflación a 10%, hay otros productos que sí son indispensables, como los alimentos y las bebidas no alcohólicas que marcan un registro anual de 6.87% de aumento en sus precios.

El conjunto de los precios, con todo y las presiones que se mantienen en la inflación subyacente, no alcanzan a encender un foco de alerta en el tablero del banco central. Pero hay cierta carga social por este aumento en los alimentos, a la luz de los datos de baja en los ingresos de los asalariados y claro, con esos datos de desocupación.