El 85 por ciento de los detenidos el año pasado en México fueron a la cárcel sin que se les hubiera hecho un juicio ni probado su culpabilidad.

La inmensa mayoría de ellos siguen ahí esperando que la hemipléjica maquinaria judicial pueda abordar su caso y definir si son culpables o no.

En las cárceles de México hay unos 240 mil reclusos, de los cuales más de 90 mil están presos preventivamente, es decir, sin que se les haya probado su delito en un juicio.

El instrumento jurídico que permite esta barbaridad es la figura de la prisión preventiva oficiosa contenida en la Constitución. Durante este gobierno se ampliaron a 20 los delitos que pueden ser materia de prisión preventiva oficiosa. Los efectos de la ampliación no se hicieron esperar.

Las cifras de los poderes judiciales de los estados obtenidos por Intersecta, una organización feminista presidida por Estefanía Vela, revelan que en 2019 y 2020 las prisiones preventivas crecieron 25.5 por ciento.

Algo parecido sucedió a nivel federal, donde el aumento de las prisiones preventivas fue de 26.4 por ciento.

La Fiscalía de Ciudad de México encarcela hoy por hoy a 63 personas diarias bajo el criterio de la prisión preventiva. Durante 2019 y 2020 no se encarceló en Oaxaca a ninguna persona que se le hubiera probado un delito: pura prisión preventiva a la espera de juicio.

El uso y abuso de la prisión preventiva explica en parte, dice la investigación, que durante 2019, “por primera vez en cinco años”, se haya encarcelado “a más personas que las que se liberó. Y lo mismo pasó en 2020”… (https://bit.ly/310Rqdu).

Desde 2017 se han dictado 18 mil 153 prisiones preventivas, de las que solo 4.2 por ciento han recibido un juicio. En 2020 el número de encarcelamientos creció 3.1 por ciento, vale decir 14 mil internos más, 85 por ciento de los cuales sin juicio, por el camino de la prisión preventiva.

Sobra decir que de los encarcelados sin juicios ni pruebas mediante la prisión preventiva no son los grandes criminales de cuello blanco o metralleta humeante que sugiere la autoridad.

En su abrumadora mayoría son mexicanos que no tienen recursos ni para contratarse un abogado.

La prisión preventiva es una plaga.