Guerrero. Semana crucial para apuntalar el Estado de Derecho

“No se puede exigir justicia actuando con violencia”, afirmó ayer el Presidente Enrique Peña Nieto al comentar los hechos de vandalismo que un grupo de jóvenes cometió en instalaciones de Palacio Nacional.

Pero la alusión cabe también para las acciones de quema de vehículos y destrozos ejecutados en el  Palacio de Gobierno de Guerrero que habrían realizado supuestos o reales normalistas de Ayotzinapa y presuntos o reales maestros guerrerenses.

La presunción de que eran normalistas o maestros es porque el río está demasiado revuelto y abre las posibilidades para que converjan grupos radicales –como los anarquistas- que han hecho de los actos vandálicos no su herramienta de protesta, sino de intento desestabilizador en aras de provocar respuestas duras y autoritarias del gobierno.

La vieja acción de grupos radicales de tratar de provocar muertes o detenciones, para luego señalar que hay represión gubernamental, está circundando estos días en torno al conflicto originado por la ineficiencia u omisiones deliberadas del ex gobernador Ángel Aguirre y otras autoridades de Guerrero.

No es casual que uno de los muchachos detenidos y luego liberados durante el ataque a la Puerta Marina de Palacio Nacional haya calificado como “presos políticos” a quienes fueron aprehendidos por granaderos de la ciudad de México.

Y tampoco es casual que el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, haya anunciado que se aplicará la ley a quienes cometan actos vandálicos pero que, a la vez, no se usará la fuerza policiaca para hacer frente a quienes cometen destrozos y desmanes.

Hay una especie de intento de jaque en el tablero en que se encuentra hoy el tema Ayotzinapa. La revista Proceso publicó ayer domingo hacia la tarde que normalistas y maestros estaban deteniendo camiones en Chilpancingo para ordeñarles la gasolina a fin de tener combustible para la elaboración de bombas molotov que podrían usar en su marcha programada para hoy lunes 10 de noviembre, sin que ninguna autoridad los haya disuadido.

Por ello, el llamado del gobernador Ortega Martínez es no sólo oportuno sino necesario en el sentido de que las organizaciones sociales que demandan justicia por las atrocidades cometidas contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, se deslinden de manera clara y firme de quienes están cometiendo actos vandálicos.

Hace unos días, el Presidente Peña anunció que convocaría a un acuerdo nacional para reforzar la seguridad y el Estado de Derecho. Esta semana es crucial o debería serlo en ese sentido. No se trata sólo de promover comentarios en declaraciones de prensa por parte de actores políticos y sociales, sino de impulsar acuerdos y acciones que vayan cercando a quienes con el vandalismo tratar de desestabilizar.  

No podría aplicarse simplemente la ley a quienes cometen actos vandálicos si no se desmarcan previamente las organizaciones que por la vía pacífica exigen y demandan justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y tampoco si los diversos sectores de la sociedad no avanzan en compromisos para evitar nuevos Igualas.

Ha sido complicado para el Gobierno Federal resolver la parte judicial del asunto. Reconocer que existen indicios de que los jóvenes habrían sido incinerados y sus restos tirados al río, pero a la vez sostener que jurídicamente siguen en calidad de desaparecidos hasta en tanto no se tenga certeza pericial de que las cenizas y huesos corresponden a algunos de los estudiantes, es técnicamente correcto pero sólo ha dejado resquicios de esperanza.

Se capta resignación de los familiares de los normalistas desaparecidos, pero la insistencia de que estarían secuestrados y que son sujetos de canje, más las versiones de que están escondidos, sólo complican más las circunstancias y aviva la consigna de que se quiere sean presentados con vida.

Esta semana, por tanto, será crucial. 

En lo jurídico parecería que después de la detención de los Abarca y de varias decenas de policías y sicarios, tres de éstos últimos que confesaron haber participado en incineración de cuerpos, lo único sobresaliente sería la aprehensión de El Gil, ya que haber dejado la respuesta a las pruebas periciales sobre la identidad de a quién corresponden las cenizas y restos óseos en Innsbruck, sólo tendería a aletargar el tema.

En lo policíaco, continúa la búsqueda y el control de la seguridad en el estado de Guerrero por parte de las fuerzas federales. 

En lo social, Rosario Robles sigue llevando apoyos a comunidades pobres.

En lo económico se siguen tratando de enviar señales a los mercados que el asunto Ayotzinapa no tendrá efectos en el desempeño de la economía para 2015 y el cierre de 2014, sobre todo ante lecturas erróneas del entorno que hacen analistas de inversionistas, sobre todo internacionales. Por ello no fue nada grato el reporte del Banco de México –en días pasados- de que el tema de Guerrero sí tendría consecuencias en la economía.

El tema, por tanto, está en lo político, en cercar las tentaciones desestabilizadoras que no sólo afectan la percepción sobre lo que realmente ocurre en México sino que, realmente, pudieran  incidir en el comportamiento económico en detrimento de los más, incluyendo los que habitan vastas regiones del país donde hay paz y tranquilidad aunque bajo ellas se escondan las ominosas causas que dieron origen a la crisis de Guerrero.

Y ahí es donde las organizaciones en su conjunto no deben quitar el dedo, ni dejarlo pasar: en sentar las bases y crear las condiciones para que no vuelva a ocurrir otro Iguala en ninguna parte del país.

Post Scriptum.- Escuchaba la anécdota de un amigo en el sentido de que en una reunión –al calor de los tragos y los polvos- consumidores de droga estaban preocupados por la difícil situación que vive el país. Y de la incapacidad de la policía y de las autoridades por controlar la situación. Triste paradoja: gracias al consumo se da toda una larga cadena de complicidades y crímenes.