Países como Estados Unidos no han tenido empacho en respaldar y financiar regímenes antidemocráticos si eso conviene a sus intereses. Pinochet en Chile, Somoza en Nicaragua, Duvalier en Haití, Stroessner en Paraguay, en fin.

Y cuando dejan de ser útiles, los remueven por cualquier método, incluso el militar. Como a Manuel Antonio Noriega, en Panamá, o al mismo Saddam Hussein en Irak, por recordar dos casos de escándalo.

Puede haber un discurso de respeto a los derechos humanos, a las libertades democráticas, a una larga lista de garantías individuales siempre y cuando no afecte los intereses propios.

Los rusos, los europeos y los chinos son iguales, pero nuestro mejor y más cercano ejemplo es Estados Unidos.

Los organismos financieros no han quedado exentos de ser parte del respaldo económico de las más reprobables dictaduras.

El Banco Mundial, por ejemplo, tiene registros de haber transferido enormes recursos muy abundantes a Brasil en los tiempos de la junta militar. Augusto Pinochet recibió cantidades históricas de esta institución global.

La lista de financiamientos del Banco Mundial a muchas dictaduras es larga, tanto como la participación del Fondo Monetario Internacional en apoyos financieros a regímenes muy cuestionables.

Es debatible si este tipo de organismos deben o no intervenir con una justificación social de los proyectos o si se trata de un respaldo para dictadores impresentables.

La novedad es que en estos tiempos hay un dictador de facto que acaba de recibir una bocanada de aire fresco por parte de un importante grupo financiero de origen estadounidense.

Desde el punto de vista de los negocios no hay duda de que Goldman Sachs podría hacer el negocio de su vida, pero desde la perspectiva de los derechos humanos esta firma apoya a un presidente de mano dura que carga con más de 60 muertes en las manifestaciones recientes y cientos más que han muerto por enfermedades curables, que han desaparecido o que incluso han muerto de hambre.

Goldman Sachs compró papeles de deuda de la empresa estatal petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA) con un descuento de 69 por ciento. Vamos, ni en el Hot Sale se consiguen estas baratas.

Pagó 865 millones de dólares por deuda que habrá de cobrar en el 2022 en 2,800 millones de dólares.

Dos factores, el primero de riesgo de mercado: hay que ver qué queda de Venezuela y de PDVSA para el 2022. Y el segundo, mucho más cuestionable: ¿es honesto por parte de esta firma que con este financiamiento dé oxígeno puro al repugnante régimen de Nicolás Maduro?

Puede este gobierno seguir con sus planes de perpetuar la dictadura con la garantía de que allá afuera siempre habrá alguien con poca moral y gran ambición que será capaz de encontrar oportunidades de negocio en la tiranía.

Goldman Sachs no es la única firma que apuesta a las ganancias robustas con la crisis de Venezuela, JPMorgan también carga en su cartera, más que en su conciencia, con un paquete de bonos venezolanos.

No hay nada ilegal en financiar un dictador, son las leyes del mercado. Los que meten su dinero en un polvorín como el sudamericano saben del riesgo de no poder cobrar sus inversiones. Pero también tienen claro que, si le atinan, obtendrán muchísimo dinero.

Pero lucrar con el respaldo a un dictador apostando a ganar el dinero que pertenece a una población pauperizada sí debería mover a la reflexión moral de estos financieros.