En un arranque de populismo, de esos que se le daban tan seguido a Carlos Salinas de Gortari, el gobierno priista decidió en 1991 bajar la tasa de Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 15 a 10% y gravar con tasa cero alimentos y medicinas.

Entre esa y otras tantas malas decisiones durante el salinismo se alimentó una crisis económica sin precedentes que explotó en el cambio de sexenios con Ernesto Zedillo.

La muy mala decisión fiscal de bajar los impuestos al consumo en un país que siempre ha tenido tasas muy altas de informalidad, como para cobrar mejor los impuestos directos, como el Impuesto sobre la Renta, provocó un boquete financiero a las finanzas públicas que en parte se subsanó regresando el IVA a su nivel previo a la medida populista de Salinas.

En aquel 1995 ya andaba mal la popularidad presidencial con aquello del mote del “Error de Diciembre” que los salinistas se encargaron de endilgar a Ernesto Zedillo, pero al Congreso le quedaba algo de dignidad.

Sin embargo, a la par de la decisión de elevar el impuesto al consumo en 50% en plena crisis económica, lo que acabó por enterrar cualquier pequeño nivel de respetabilidad que tuvieran diputados y senadores fue la célebre “roqueseñal”. Un ademán del en ese momento diputado priista Humberto Roque Villanueva, que se interpretó como un acto de posesión carnal sobre los contribuyentes.

En la siguiente elección el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y en la elección del 2000 perdió la presidencia tras 70 años de retenerla.

Esa “roqueseñal” fue icónica porque se tradujo como un acto soberbio de dominio sobre los opositores y sobre todos los mexicanos. Se mancillaban las finanzas personales además del honor. Era una muestra gráfica de que habían sido poseídos por una mayoría que se imponía.

Hoy una “roqueseñal” sería como un canto infantil en comparación con los insultos, las expresiones de desprecio y confrontación que se ven todos los días en el Congreso, sobre todo entre diputados de los dos bandos, los fieles al Presidente y los opositores.

La impericia política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se quiere cubrir con los altos niveles de popularidad del Presidente y con la realidad de que su voluntad cuenta con más de 50% de los votos necesarios en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Pero no saber hacer política tiene sus consecuencias, aunque el Presidente crea que ese halo cuasi divino que le acompaña será infinito y heredable a un sucesor que, ni de lejos, tendrá su carisma.

Sacar adelante el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022 sin atender una sola de las reservas de los legisladores, propios y de oposición, sólo haciendo el trabajo sucio de recortar el presupuesto del INE y el Poder Judicial es una factura que van a pagar estos grupos afines a López Obrador.

De entrada, en la conformación de mayorías calificadas para aberraciones como la contrarreforma energética, pero en un futuro cuando su líder político-espiritual ya no esté ahí para garantizar la mayoría, ahí estos grupos sobrados y soberbios entregados al Presidente van a pagar muchas facturas políticas importantes.

Facturas por cobrar
Recorte al INE

Recortar el presupuesto del INE y el Poder Judicial es una factura que van a pagar los grupos afines a López Obrador.

Reforma eléctrica

Tendrá dificultad en la conformación de mayorías calificadas para la aprobación de la contrarreforma energética.

Consecuencias

No saber hacer política tiene sus consecuencias, aunque el Presidente crea que ese halo cuasi divino que le acompaña será infinito.