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La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, no viene a México sólo a que le repitan aquella letanía del presidente Andrés Manuel López Obrador de que su contrarreforma eléctrica es para frenar el robo al pueblo por parte de las empresas privadas extranjeras.

Si esta alta funcionaria del gobierno de Joe Biden viene a Palacio Nacional, y no sólo coordina alguna videollamada con su contraparte mexicana, es porque le da seguimiento a aquella advertencia de principios de noviembre del año pasado cuando el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, posteó en twitter que se había reunido con autoridades mexicanas y les había expresado serias preocupaciones del gobierno de su país sobre los cambios pretendidos en el sector energético.

En ese momento, ese tuit ganó tiempo. Le pusieron freno a la locomotora de la contrarreforma. Pero ya se acercan los tiempos en que se reactive esa iniciativa y es entonces el momento en el que también se retoman esas serias preocupaciones estadounidenses.

Es un hecho que el discurso presidencial no ha cambiado ni una coma. Es muy difícil que la 4T tenga la capacidad de reconsiderar las medidas que dicta López Obrador.

De lo que habrá que estar pendientes es de lo que traiga en su portafolios esta funcionaria del gobierno del presidente Joe Biden, porque puede ser el detalle de lo que adelantó en su momento el embajador Salazar.

En la agenda energética bilateral está también programado para esta semana el pago de los casi 1,000 millones de dólares que la Secretaría de Hacienda ya traspasó a Petróleos Mexicanos para liquidar la compra de la refinería de Deer Park en Houston, Texas, con lo que ya estaría cerca la fecha para tomar posesión de esa facilidad industrial.

Políticamente esta compra es algo más que un asunto comercial. No son pocos los petroleros y políticos texanos que tomaron esa compra como una afrenta, sobre todo ante el perfil estatista de la contrarreforma energética del gobierno del presidente López Obrador.

Hasta ahora, la relación bilateral ha sido estable. Incluso hay una mejora en la imagen de la relación entre Biden y López Obrador, tras la apuesta abierta y total de la 4T a la reelección de Donald Trump.

Al final, la continuidad de las políticas de Trump en la frontera común, usando al gobierno mexicano como su patrulla fronteriza, ha sido políticamente beneficioso para el Presidente demócrata.

Pero, lo que viene con la contrarreforma energética, con el próximo inicio de los tiempos legislativos, atenta contra el sector y sus participantes privados, puede llevar la relación a un estado de tensión.

No sólo hay un daño directo y evidente a las empresas energéticas de Estados Unidos, hay una afectación a la letra del acuerdo comercial firmado por los dos países junto con Canadá. Son previsibles los daños a los consumidores y a las empresas industriales proveedoras del mercado estadounidense.

Y algo más que no es poca cosa para Joe Biden, va en sentido contrario de la lucha contra el cambio climático que es un asunto prioritario para el actual gobierno estadounidense.