Lo paradójico de la postura populista de buscar una supuesta soberanía energética con ese arbitrario favoritismo a Pemex y a la CFE es que ponen en riesgo la base de la verdadera soberanía económica: la estabilidad con su principal socio comercial
Demócratas y republicanos lograron ponerse de acuerdo. Y no solo en la reapertura temporal del gobierno federal de Estados Unidos, sino en presentar una iniciativa para que el gobierno de México respete los acuerdos en materia energética del T-MEC.
Lo que dicen los congresistas Jodey Arrington, republicano, y Henry Cuellar, demócrata, es que el régimen mexicano viola lo pactado en el T-MEC por favorecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
Esta iniciativa, llamada Ley de Cumplimiento del Comercio Energético Mexicano busca que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, inicie un panel de solución de controversias con México por sus acciones para discriminar a las empresas estadounidenses en favor de las entidades paraestatales petrolera y eléctrica.
La iniciativa señala que México estaría violando los capítulos 2, 14 y 22 del T-MEC, que garantizan el acceso a mercados, inversiones y empresas estatales, con el sesgo gubernamental de favorecer a Pemex y a CFE sobre las compañías privadas, muchas de ellas estadounidenses.
El argumento para pedir este mecanismo del T-MEC es que ese favoritismo ha afectado la competitividad de empresas estadounidenses que operan en México.
Esta iniciativa en la Cámara de Representantes, además de contar con el apoyo de muchos legisladores de ambos partidos, tiene la simpatía del Instituto Estadounidense del Petróleo y sus 600 empresas energéticas afiliadas; y de la Asociación Estadounidense de Energía Limpia, que agrupa a más de 1,000 compañías privadas.
Es evidente que el régimen ha torcido leyes y reglamentos, y hasta el sentido común, para beneficiar a las dos empresas estatales del sector energético.
Por lo tanto, no sería difícil que las empresas estadounidenses pudieran demostrar fácilmente en un panel que son víctimas de una marginación arbitraria por parte del gobierno mexicano.
Pero, más allá de los mecanismos del propio acuerdo que hoy incumple México, está la realidad de que el gobierno de Donald Trump busca cualquier pretexto para aplicar represalias comerciales en contra de quien cree que abusa de las empresas de su país.
Este supuesto incumplimiento del acuerdo comercial trilateral se suma a las presiones que ya tiene la relación comercial norteamericana a unos meses de definir la propia suerte del TMEC.
No es solo un panel de solución de controversias ante el eventual incumplimiento de uno de los socios, es una carga más a la incertidumbre que rodea el futuro de la relación comercial con Estados Unidos.
Conforme se acerquen las fechas para revisar el T-MEC, o eventualmente renegociar un acuerdo comercial bilateral, todos estos temas serán una parte de las demandas estadounidenses.
Además de los asuntos que el propio Donald Trump ha puesto sobre la mesa como condicionantes: migración y narcotráfico, hay otros que llevarán además del tema energético.
Asuntos laborales, de seguridad pública y jurídica van a formar parte de las exigencias del gobierno estadounidense y con el estilo demandante de Trump.
Lo paradójico de la postura populista de buscar una supuesta soberanía energética con ese arbitrario favoritismo a Pemex y a la CFE es que ponen en riesgo la base de la verdadera soberanía económica: la estabilidad con su principal socio comercial.
Los congresistas Jodey Arrington, republicano, y Henry Cuellar, demócrata, dicen que el régimen mexicano viola lo pactado en el T-MEC por favorecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
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