El presidente ha insistido en que los rendimientos de las cosechas no se incrementen a costa de los suelos, sino a través de la innovación científica y tecnológica. El 6 de enero del 2014, en Veracruz, el presidente Peña Nieto reiteró su compromiso de impulsar una profunda reforma del campo. Han pasado casi dos años … Continued
El presidente ha insistido en que los rendimientos de las cosechas no se incrementen a costa de los suelos, sino a través de la innovación científica y tecnológica.
El 6 de enero del 2014, en Veracruz, el presidente Peña Nieto reiteró su compromiso de impulsar una profunda reforma del campo. Han pasado casi dos años desde ese discurso, sin que la reforma al campo se haya materializado. Enrique Martínez ya no ocupa la titularidad de la Sagarpa y la palabra reforma ha dejado de colocarse junto al sector primario. No habrá reforma, en el sentido de que no habrá una reestructuración del marco institucional del campo mexicano.
¿Qué pasó? Una de las versiones se refiere al reconocimiento del equipo del presidente de que no había la capacidad de lanzar una reforma más. Bastante trabajo tienen ya con la implementación de las reformas energética, de telecomunicaciones, financiera, fiscal, educativa y judicial, entre otras. Este pragmatismo en el manejo de recursos escasos encontró “refuerzo” en otros argumentos: ¿para qué hacer cambios bruscos en el campo, para qué correr riesgos, ahí donde el PRI tiene el voto verde que es clave para ganar elecciones?
La apuesta fue mantener las cosas como están, a pesar de los numerosos indicios de la disfuncionalidad. En el sector rural vive 22% de la población. Ahí están los mayores rezagos y también algunos de los mayores recursos mal explotados del patrimonio nacional.
En lo institucional tenemos una Secretaría de Agricultura que ejerce como autoridad en dos universos: los productores de autosuficiencia y los grandes grupos de la industria agroalimentaria. Es la clientela de la Sedesol enfrentada al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, no por obra y gracia de la lucha de clases, sino por el mal diseño institucional. “El secretario que conecta con el sector campesino saca ronchas a los grandes empresarios y viceversa”, me confesaba un hombre que ocupó la titularidad de la Sagarpa. “En realidad son dos secretarías y se requieren dos talentos diferentes”, concluía.
José Calzada es uno de los funcionarios más competentes de la administración federal, lo demostró como gobernador de Querétaro. Tiene el reto de hacer rendir un presupuesto de 84,000 millones de pesos anuales, donde un gran porcentaje está amarrado a compromisos políticos que no dependen de él, sino de gobernadores o de legisladores (la bancada campesina es una de las más numerosas en San Lázaro).
La gran paradoja es que algunos de los argumentos más fuertes a favor de una reforma al campo han estado en los discursos de Peña Nieto. Él ha hablado de la necesidad de alcanzar un campo justo, que tenga un piso básico de protección ante enfermedades, accidentes y la vejez. Se ha referido también a un campo donde se generen empleos locales y se eleven los ingresos de la población rural. El presidente ha insistido en que los rendimientos de las cosechas no se incrementen a costa de los suelos, bosques y selvas, sino a través de la innovación científica y tecnológica y también en garantizar la seguridad alimentaria, fundamental para la soberanía y la estabilidad social.
¿Se puede transformar el campo sin sacudir el marco institucional? No. Las administraciones panistas buscaron administrar más eficientemente el sector, pero fracasaron porque no tenían “forma” de operar con una parte clave del ecosistema: las organizaciones campesinas. El problema para los funcionarios priistas es que están demasiado cerca de ellas… y sus dirigentes están cómodos con la situación actual.
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